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EL JUEZ DE LOS OKUPAS

GARRÉ HABÍA PEDIDO MÁS TIEMPO
El juez federal de Quilmes, Luis Armella aguarda este jueves (10/3) que se cumpla la orden de desalojo que dictára este miércoles (9/3) de las viviendas ocupadas ilegalemente ubicadas en el predio sito en las calles Lafuente, Castañares y Portela de Villa Soldati, en el marco de la causa por el saneamiento de la Cuenca Matanza‐Riachuelo, informa el Centro de Información Judicial.
De esta forma, el magistrado confirmó la medida adoptada a pesar de que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, solicitó
más tiempo para «dialogar» con los ocupantes. Por otro lado, el Poder Ejecutivo presentó un escrito en el Juzgado de Armella, en el que deslinda su responsabilidad en el cumplimiento del desalojo dispuesto por el magistrado.

En la presentación, el Gobierno nacional asegura que el desalojo es competencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La resolución judicial obliga a Juan José Mussi, en su condición de presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y a la Policía Metropolitana a coordinar el operativo de desalojo «inmediatamente». El mismo documento aplicó «en forma inmediata» una multa de $500 diarios a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño Iglesias Ruiz, «hasta tanto se haga efectivo, íntegro y adecuado cumplimiento» el desalojo ordenado para este jueves. Además, se intimó a los integrantes de la Acumar a trabajar en forma conjunta para evitar «futuros intrusamientos» como el que se dio este último fin de semana y originó la intervención de la Justicia. «Bajo pena, en caso contrario, de soportar en forma automática una sanción de multa diaria por la suma de $500», se indicó.

Vuelven a pedir la detención de los responsables de la toma del Indoamericano.
Los fiscales que investigaron la toma del Parque Indoamericano, durante la cual
murieron 3 personas, apelaron la decisión de la jueza Cristina Nazar de considerar que la ocupación de un espacio
público no es delito y volvieron a pedir la detención de los 6 cabecillas. La semana pasada, la jueza Nazar había resuelto que ocupar un espacio público y dividirlo en parcelas no es delito. De esa manera, respondía a los pedidos de detención realizados por el fiscal general adjunto Luis Cevasco y la fiscal Claudia Barcia. «Se encuentra en principio acreditado que un
grupo de 300 personas previamente organizadas ingresaron ilegítimamente de forma clandestina en el parque Indoamericano con fines de permanecer en el lugar, toda vez que comenzaron a dividir el predio en parcelas, ingresando enseres, colchones, efectos personales y elementos útiles para la construcción de viviendas precarias», habían indicado Cevasco y Barcia en su pedido de detención de Diosnel Pérez Ojeda, Luciano Nardulli, Noemí Ruejas, Berta Revilla, Alejandro Salvatierra, conocido por el apodo de «Pitu», y Antonio Chancalay. La jueza, que en diciembre había ordenado el desalojo del predio, respondió a los pedidos de detención diciendo que «se puede hablar de una ocupación indebida del espacio público, pero no se puede sostener que se trate de un delito de usurpación». Por este motivo, los fiscales presentaron la apelación. «Parece que aquello que el 10 de diciembre de 2010 se presentaba «con toda claridad» para la Magistrada,Bhoy se oscurece al revertir de manera palmaria su criterio cuando sostiene que este caso debería ser resueltoNen sede contenciosa administrativa», sostiene la apelación. Además, los fiscales también solicitaron que se aparte a la jueza Nazar de la causa. «Las contradicciones que la magistrada ha tenido durante este proceso resultan elocuentes y ameritan que en esta instancia, solicitemos, además, su inmediato apartamiento para seguir interviniendo como Jueza en este caso», dice el pedido de los fiscales.
no es política», indicó.
La joven contó que la toma no estuvo organizada, sino que las distintas familias fueron llegando al
predio a medida que conocieron las primeras intromisiones. «Nosotros llegamos primero, después se fueron
sumando otras personas de la zona», recordó.

Una vez que intervino la Policía Federal y la Metropolitana, los okupas no pudieron volver a salir para buscar alimentos, agua, remedios y pañales, se quejó Diana. El juez Luis Armella, que entiende en la causa de la cuenca Matanza‐Riachuelo y que esa noche ordenó el desalojo, reiteró al mediodía siguiente que sigue vigente la directiva tanto para la Metropolitana como para las fuerzas federales que responden al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Juan Aguilar

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