Sociedad

La Ciudad prorrogó el vencimiento de la concesión de Costa Salguero

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) prorrogó el vencimiento de la concesión del predio de Costa Salguero, que era el 30 de abril. 

Sin embargo, en octubre pasado, la Legislatura porteña aprobó con 32 votos y 22 en contra la rezonificación urbanística de Costa Salguero, propuesta por el alcalde del distrito, Horacio Rodríguez Larreta, para construir 10 bloques de edificios que irán desde los 18 hasta los 29 metros de altura. 

En cambio, desde distintas afiliaciones sociales, como Barrios de Pie, organizaron diferentes bicicleteadas y protestas hacia el lugar, con el objetivo de evitar la meta de Larreta y de crear un parque público.  Las tierras fueron concesionadas por el expresidente Carlos Menem. 

En diálogo con FRECUENCIAZERO, la coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, María Eva Koutsovitis advirtió que el proyecto de Larreta sintetizaba un modelo de privatización que se consolidaba en la Ciudad. También remarcó que el GCBA había avanzado con la venta durante la pandemia y había licitado el plan del Recolector de la Costanera, que, según ella, se encargará de levantar los desechos de «grandes proyectos inmobiliarios».

Asimismo, Koutsovitis detalló que el proyecto costaba u$$160.000.000 y que 1 de cada 7 porteños no tenía acceso al agua potable. También señaló que la renovación era inconstitucional y que el gobernante hacía uso de manera arbitraria de los poderes que le habían sido dotados en 2020, en el marco del coronavirus. 

También recalcó que el GCBA ignoraba a la participación ciudadana y que la Ley de Participación Ciudadana recientemente votada excluía a la ciudadanía, debido a que tenía en cuenta solo a las audiencias públicas no vinculantes, es decir, en las que los vecinos no tienen elección. 

Por otra parte, la especialista remarcó que la Justicia porteña estaba a merced de los pedidos de Larreta, ya que, según ella, la Cámara de Apelaciones falló a favor de la presencialidad en CABA 48 horas después de la primera presentación de un grupo de padres frente a un tribunal. 

En ese sentido señaló que el documento que habilitaba la apertura de los colegios porteños se equivocaba en plantear a la presencialidad o a la virtualidad como una política educativa.

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