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LA HORA DEL JUICIO

Los 33 efectivos de la Policía Metropolitana (PM) que están involucrados en los hechos de represión ocurridos los primeros días de diciembre de 2010, durante el desalojo del Parque Indoamericano de Villa Soldati, no tienen paz.

A pesar del sobreseimiento que el juez de Instrucción, Eliseo Otero, que busca hallar a los responsables de los asesinatos de Bernardo Salgueiro, Rosemary Curapeña y Juan Castañeda Quispe, dictó el lunes 6 de febrero sobre los 33 miembros de la PM, los 11 de la Policía Federal y la jueza porteña María Cristina Nazar, quien ordenó el desalojo del parque, el fiscal de la causa, Sandro Abraldes, apeló la resolución ante la Cámara del Crimen.

En el escrito que el fiscal presentó ante el tribunal superior señaló que “el juez apresuró el sobreseimiento a pesar de la ausencia de certeza negativa respecto de la eventual participación de los policías”. Y agregó que “tanto la hipótesis que acusa a los uniformados como la que sostiene el juez conviven”.

Según Abraldes, este razonamiento “implica duda, incertidumbre y debe recordarse aquí que las únicas causas que autorizan el sobreseimiento son las que, de modo taxativo, establecen un grado de certeza negativa respecto de las acusaciones”. Esta última afirmación es una crítica contundente contra el accionar del magistrado. El enojo del fiscal contra el juez de Instrucción está motivado en los argumentos que utilizó el magistrado para sobreseer a los policías, a los que Abraldes había imputado.

En la resolución de Otero se fustiga claramente el accionar investigativo del fiscal. “El funcionario judicial buscó forzar la razón para construir una hipótesis en torno de la responsabilidad policial sin profundizar en la hipótesis de que los crímenes pudiesen haber sido cometidos con armas tumberas por parte de vecinos u otros ocupantes. Existió una incapacidad para dar con los autores materiales de las muertes y de producir una acusación genérica”, expresó en una parte del escrito.
La relación entre Otero y Abraldes no es nada buena. Todo lo contrario. Noticias Urbanas señaló desde el inició del expediente la intensa interna que enfrenta a ambos. “Mientras el juez trató de planchar la causa, liberando hasta al barra brava de Huracán que fue filmado disparando, y evitó sistemáticamente meterse con la Federal y la Metropolitana y por ende no tener problemas ni con la Nación ni con la Ciudad, abonando la línea lanzada por el macrismo sobre la supuesta existencia de armas tumberas en el Indoamericano, el fiscal apuntó contra los efectivos de ambas fuerzas y se basó en testimonios de testigos que aseguraron que las fuerzas de seguridad dispararon contra los ocupantes del predio”, explicó ante este medio las causas de la discordia, un abogado involucrado en la investigación judicial.

A los pocos días del sobreseimiento que determinó su apelación, más exactamente el lunes de esta semana, el fiscal Luis Cevasco, que trabaja en la causa iniciada por la usurpación del Indoamericano, afirmó que en un plazo de entre “15 o 20 días” estará en condiciones de “remitir a juicio” la pesquisa. Para el fiscal “está demostrado que la toma del predio por parte de dirigentes barriales estaba destinada principalmente al negocio inmobiliario y la venta de los terrenos para hacer propiedades”.

Cevasco agregó que están identificados “seis posibles imputados por sus vinculaciones con las tomas y por sus propias manifestaciones, donde se titulaban como líderes de la misma”. Según los datos obtenidos por NU, entre los acusados por el fiscal se encuentran los dirigentes sociales Alejandro “Pitu” Salvatierra, delegado de la Villa Soldati; Diosnel Pérez Ojeda, presidente de la junta vecinal de la Villa 20 y miembro del Frente Popular Darío Santillán; Luciano Nardulli, de la Corriente Clasista y Combativa; Antonio Marcelo Chancalay, delegado de la Villa 20; Noemí Mónica Ruejas y Berta Elizabeth Revilla, del barrio Los Piletones; a quienes Cevasco les tomó declaración en octubre del año pasado.

El supuesto avance en la causa sobre la ocupación se da de bruces con lo que sucede en el expediente que investiga las tres muertes. La investigación de Abraldes conduce a la responsabilidad policial. Por eso, el primer día de diciembre pidió que sean llamados a declaración indagatoria 33 efectivos de la PM y 11 de la PF y aunque el fiscal no individualizó a los autores de los crímenes, sí los imputó al accionar de la policía de manera conjunta.

Abraldes pidió que sean citados los siguientes agentes de la División Operaciones Especiales: comisario mayor Ricardo Ferrón; inspector Diego Castillo; los subinspectores Mario Barrionuevo, Hugo Sánchez, Rubén Boonstra; los oficiales mayores Juan Carlos Pili, Sergio Villagra, Cristhian Rodríguez, Daniel Balor, Rodolfo Magrassi, Omar Chamorro, Daniel Gutiérrez, Ricardo Picart, Alejandro González, Daniel Oviedo, Matías Bailate, Hernán Giulidori, Carina Salvo, Raúl Solis, Gabriel Canavide, José Ponce; los oficiales Javier Masmann, Yésica Vázquez, Osvaldo Viollaz; los integrantes de la dotación del carro hidrante, los oficiales mayores Rubén Rende, Jorge Smith y el oficial Hernán Fantín.

También, pidió la comparecencia de los agentes de la División Vigilancia Preventiva, los subinspectores Claudio Maeso, Víctor Germán Petraittis, el inspector Alejandro Benítez, el oficial mayor Eduardo Darío Garralda y los oficiales Leonardo Salvador Pozos y José Luís Gómez.

Noticias Urbanas pudo acceder a los datos que la Fiscalía recolectó contra los hombres de la Metropolitana, entre los que se menciona en especial la actuación del comisario mayor Ferrón y la del subinspector Barrionuevo como los más complicados en la causa.

“Según las pruebas reunidas y los dichos de los testigos, Ferrón fue quien lideró las acciones de los miembros de la PM enviados al parque. Y según estas declaraciones, los efectivos de la fuerza dispararon escopetas Ithacas de calibre 12/70, el mismo calibre de los proyectiles que mataron a Salgueiro y a Curapuña la noche del martes 7 de diciembre. Existen imágenes que muestran a los policías de la PM disparar desde el puente de la avenida Escalada, a pocos metros de donde murió Salgueiro. El propio cuñado de la víctima, Wilson Fernández Prieto, testigo central de la causa, que estaba junto a él cuando se produjo la balacera, declaró que los autores de los disparos eran policías perfectamente uniformados”, aseguró un investigador judicial.

En los inicios de la PM, Ferrón era el encargado del destacamento policial de Puerto Pibes, lugar de recreación de niños dependiente del Gobierno porteño. Por su actividad en el lugar, Ferrón se presentó ante un consejero del Consejo de Derechos Niñas Niños y Adolescentes como el hombre a cargo de las actividades policiales que allí se desarrollaban. Al comisario también se lo menciona en la causa de las escuchas ilegales en donde se comprueba que al mismo tiempo que prestaba servicios en la PM tenía un contrato con la Universidad de Tres de Febrero.

Por su parte, Barrionuevo es uno de los lugartenientes de Ferrón, que este trajo desde la Federal, institución en la que se conocieron en el pasado y actualmente se desempeña como profesor en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Metropolitana (ISSP). “Barrionuevo también, es mencionado por varios testigos por disparar durante el operativo de desalojo”, le señaló a NU la fuente antes consultada. Con todos estos elementos en su contra, la situación futura de los policías porteños en la causa de las muertes parece complicarse cada vez más. Y si esta línea investigativa avanza, la PM le provocará un nuevo dolor de cabeza a Mauricio Macri.

Fuente: Noticias Urbanas

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