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ALLANA LA JUSTICIA PORTEÑA UN HOGAR DE MENORES

Hay 23 chicos internados

CON LOS CHICOS NO

La Justicia porteña ordenó la intervención de un centro para niños y adolescentes afectados en su salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron graves vulneraciones de sus derechos como maltrato físico y psicológico, falta de acceso a la educación y ausencia absoluta de actividades recreativas.

Luego del amparo presentado en marzo pasado por la Asesora Tutelar ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario Nº1, Mabel López Oliva, el juez Aurelio Amirato ordenó que en menos de 10 días el Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura (CE.PRE.AP) de la calle Bogotá 2785, cree dispositivos acordes a la protección integral o de lo contrario los chicos deberán ser trasladados.

«Lo grave de esta situación es que es una institución privada a la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le paga y no cumple sus obligaciones y genera maltratos», informó López Oliva.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene una relación contractual con ese centro y abona por cada niño alojado 376 pesos diarios, informó la Asesoría Tutelar, que precisó que son 23 los menores en esa situación, todos subsidiados por el ejecutivo porteño.

La Dirección Nacional de Salud Mental y la Defensoría General de la Nación, que también denunciaron la vulneración de los derechos de los chicos, informaron que los pacientes «estaban expuestos a maltratos, falta de acceso a la educación, medicalización arbitraria, ausencia absoluta de actividades recreativas, educativas y/o lúdicas, inexistencia de trabajo de revinculación con las familias y falta de documentos de identidad».

En el amparo presentado, el Ministerio Público Tutelar denunció que «un seguimiento pormenorizado (…) da cuenta acabadamente de la incapacidad de esta institución para cumplir con el cuidado y protección integral de las personas que aloja».

«Asimismo, la Dirección General de Salud Mental de la Nación (organismo especializado en la materia) ha evaluado la institución y arribado a las mismas conclusiones», dice el texto del amparo. Además, López Oliva informó que existe también «una denuncia penal por una posible situación de abuso sexual que habría sucedido dentro de la institución».

Por medio de una medida cautelar, Amirato suspendió en abril pasado los ingresos de nuevos pacientes e intervino el lugar para la conformación de una mesa de trabajo de la cual participó el Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar el funcionamiento de la institución.

«Lamentablemente, el Consejo minimizó las denuncias y prestó poca colaboración con la investigación», denunció la Asesoría Tutelar. El centro es un «hogar de atención especializada», en los términos del Art. 4 de la Ley 2.881.

Esto significa, explicó la Asesoría Tutelar, que está destinado al «alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes afectados en su salud mental que requieran mayor contención y seguimiento profesional en el espacio institucional convivencial que contemple un tratamiento específico, pero que no requiera internación en un establecimiento de salud».

López Oliva, quien se manifestó satisfecha con la sentencia del juez, destacó que «resulta auspicioso el reconocimiento efectivo de sus derechos de los niños en Casa Púrpura ya que hasta ahora muchos resultaban invisibles».

 

LA DENUNCIA DE MAYO

Un informe del Ministerio Público Tutelar (MPT) porteño reveló hoy que solo un 25% de los chicos institucionalizados logró dejar durante el año pasado el hogar donde vivían, un índice considerado como un «fracaso institucional».

En la Ciudad de Buenos Aires están institucionalizados 1.046 niños, los cuales permanecen en promedio dos años viviendo en albergues, dijo a Noticiario Sur, Laura Mussa, asesora general del Ministerio Público Tutelar (MPT), para quien «no es natural que un chico viva en una institución».

La funcionaria presentó el 14 de mayo en la Legislatura porteña un informe de 329 páginas, sobre las políticas públicas de infancia, adolescencia y salud mental en la CABA durante 2012, cumpliendo así la obligación constitucional de rendir cuentas sobre sus actuaciones.

Si bien en el informe se mencionó a 1.049 niños que viven en hogares, la abogada explicó a Télam que, a mayo de 2013, son «1.046, cifra casi constante, ya que el año pasado sólo egresaron 296, es decir un 25%, un índice del fracaso institucional, si además consideramos que permanecen en esa situación, en promedio, 2 años».

El documento del MPT señaló al respecto que esta situación es «una flagrante violación de las normas de la protección integral de derechos que caracterizan de excepcional, subsidiaria y breve la medida de separación familiar».

Mussa resaltó el trabajo del equipo público de abogados de los niños, una institución que se creó en el organismo «que es de vanguardia en el país y que garantiza la ciudadanía de los chicos, el ejercicio de sus derechos».

El informe de gestión aportó que el equipo legal especializado atendió en 2012, 416 chicos, de los cuales 146 niños, niñas y adolescentes fueron patrocinados judicialmente, en el 73% de los casos, por estar institucionalizados a partir de una medida de separación familiar.

En tanto, en el 27% restante se trató de niños y niñas internados por motivos de salud mental «una falencia del sistema que desnudó la actuación de este equipo de abogados: chicos internados sin diagnósticos claros ni seguimientos», afirmó la asesora.

Mussa lamentó que «no se cumpla la ley, esto es, que cuando los chicos son dados de alta de una institución psiquiátrica, no son asistidos por el Estado, porque el gobierno porteño no crea las casas de medio camino, lugares adecuados para estas situaciones».

Además, el documento oficial confirmó que «el 60% de las instituciones asume que cuenta con población que recibe medicación psiquiátrica» y llamó la atención sobre «la creciente medicalización de los niños» en estos lugares de alojamiento.

Estas situaciones han llevado a que el Ministerio intervenga «para que no ingresen más chicos el Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura S.R.L. (CE.PRE.AP), en el Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján SRL y en el Centro San Pablo», confirmó la funcionaria.

La defensora explicó que «hacemos controles permanentes, por eso nos preguntamos ¿Todos los chicos necesitan asistencia terapeútica? ¿La mayoría tiene problemas psiquiátricos?».

Detalló que «de las 84 sedes institucionales, en su gran mayoría ONG, el 45% están en el conurbano bonaerense» y tienen rangos definidos por el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio de Desarrollo Social porteño.

Así, los hogares llamados convivenciales «reciben mensualmente del Estado 2.300 pesos, los de atención especializada, 3.600 y las comunidades terapéuticas, 4.710», confirmó la defensora.

El informe oficial detectó que el año pasado se produjeron «138 internaciones en comunidades terapéuticas» de personas menores de edad.

Para Mussa «en estas situaciones también influye positivamente la presencia del abogado del niño que escucha al chico, que es el que debe definir el lugar donde está o donde cree que debería estar».

En el diagnóstico elaborado por el MPT se resaltó además que «hay debilidades comunes a todos los programas orientados al fortalecimiento familiar» y que «la mayoría de las actuaciones» del organismo están relacionadas «con la falta de acceso al derecho a la vivienda digna».

La asesora aseveró que «no tener una vivienda hace que se violen otros derechos de niños y adolescentes, por eso tenemos que seguir trabajando en las distintas áreas para lograr que sean respetados, porque eso nos hace ser una sociedad mejor».

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