La legisladora del Frente para la Victoria, Paula Penacca, presentó un proyecto de ley con el fin de establecer un mecanismo «de actuación en procesos de desalojos y relocalizaciones» para «asegurar que los derechos de la población que atraviesa un desalojo sean respetados y reafirmando que el principal garante para el acceso a los derechos constitucionales de la vivienda digna y el trabajo es el Estado».
Penacca aseguró que «sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay por lo menos 600 mil personas viviendo en situación de vulnerabilidad habitacional, sabemos que muchas de estas personas están alojadas en hoteles, inquilinatos y conventillos, sabemos que la mitad de las personas que habitan en estos lugares sufren condiciones de hacinamiento, sabemos además que no hay ninguna política pública para atender esa situación».
La iniciativa sostiene que «el acto de desalojo debe ser siempre la última instancia en un proceso que abarque el cumplimiento de instancias previas para obtener soluciones habitacionales dignas para quienes se vean desplazados de sus viviendas». Este protocolo promueve una serie de instancias pacíficas que incluyen la producción de soportes de información, asistencia jurídica a los afectados, presencia de agentes estatales y judiciales para supervisar la actuación policial, entre otras cosas.
«Hace mucho tiempo que gobierna en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto político que se dedica al desarrollo urbano para beneficiar negocios inmobiliarios antes que a propiciar el desarrollo humano de los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires», denunció la diputada.
