Si hay algo está claro en nuestro sistema Capitalista es que un bien escaso aumenta su valor. En la Ciudad de Buenos Aires ese bien escaso es la tierra, y su valor ha trepado de manera exorbitante en los últimos años.
Esa revalorización de los espacios en la Ciudad es cada vez más clara y excluyente y atenta contra el derecho a desarrollarse y vivir en una comunidad en plenitud.
Esta mirada se contrapone a un perfil que plantea como unidades de negocio cada sector del distrito porteño, lo diseña a antojo de los desarrolladores urbanos y muchas veces a espaldas del ciudadano. No es una batalla que falsamente se la plantea como «Lo nuevo contra lo viejo» o «La modernidad versus la melancolía de la historia»; es algo mucho más profundo. Algo que pretende imponer sus reglas a partir de soluciones mágicas que benefician a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías.
Para poner como ejemplo podríamos citar el emprendimiento comercial que lindero con la provincia de Buenos Aires se levanta en el barrio de Villa Urquiza, el Shopping DOT. Un negocio fantástico que pasó por alto mecanismos que hubieran permitido conocer las dificultades que acarrearía para quienes vivían en sus alrededores, la cantidad de visitantes movilizados por las ofertas día y noche. La dificultad para estacionar, la circulación vehicular, la basura y porque no decirlo la traza de afluentes y la impermeabilización de espacios que antes contenían la cada vez más tropicales precipitaciones. Todo esto no pasó y el negocio igual mueve millones.
¿Era necesario un coloso comercial en ese punto de la Ciudad?¿Cuánto es el beneficio impositivo real que le ocasiona a la Ciudad? Preguntas que realmente no tiene respuestas.
Está claro que el cuerpo legislativo en la Ciudad de Buenos Aires sabe de lo que implican los negocios a gran escala, por eso está atento a las propuestas como la de la Agencia de Bienes Sociedad del Estado.
No conforme con la Corporación Nuevo Puerto Madero, vital para los grandes negocios que le cambiaron la fisonomía a la rivera de Buenos Aires y que en muchos casos han servido de burbuja inmobiliaria acaparando fondos provenientes de negocios poco claros. O la Corporación Buenos Aires Sur, que se encarga de administrar los bienes del patio de atrás de la Ciudad a costa de congraciar a emprendedores comerciales y amigos del poder que poco saben de redistribuir los beneficios del derrame. Como si todo eso no fuera suficiente llega la tercera etapa bautizada Agencia de Bienes SE.
Esto claramente vuelve a poner de manifiesto los negocios inmobiliarios que se hacen en la Ciudad y la necesaria política de alianzas entre oficialismo y oposición para que se aprueben.La iniciativa siempre contó con total rechazo de los vecinos y de las organizaciones sociales, que ya explicaron en reiteradas oportunidades el perjuicio que le provocaría a la Ciudad su aprobación.
Con un proceso de doble lectura y Audiencia Pública los legisladores mostraron la profunda relación que existe entre los distintos bloques y las idas y vueltas que terminaron con su aprobación. En la última sesión del 2015, el jueves 3 de diciembre, el Pro logró, con 44 votos a favor, una primera aprobación de la iniciativa gracias a los votos del FpV.
Este nuevo capítulo de conveniencias mutuas aglutinó a un conjunto de ciudadanos que se nuclearon en la propuesta Buenos Aires NO se vende que luego participarían de la audiencia pública y generarían un importante rechazo cuando el oficialismo lograra los votos para la aprobación definitiva. (ver aparte)
Los discursos no siempre condicen con los hechos. En gran medida lo demuestran las más encendidas alocuciones de la bancada opositora, que a la hora de votar, coincide con el oficialismo. El Pro cuenta con 28 legisladores propios. Las leyes más importantes necesitan de una mayoría especial de 40 votos, con lo cual queda claro que las iniciativas que más les interesan deben ser acordas y que, para su aprobación, es necesario sumar las voluntades de los opositores, en especial, del bloque del Frente para la Victoria.
Esta agencia tiene un antecedente de frustración en el año 2008, apenas iniciada la gestión de Mauricio Macri. En ese entonces el proyecto se llamó Corporación Puerta Norte SE., pero las mayorías de entonces no fueron afables al macrismo y la propuesta durmió el sueño de los justos. Ahora, con el envión logrado a nivel nacional y con una oposición fragmentada y sin liderazgos claros, vuelven a la carga para obtener una victoria.
La Agencia contempla, entre otras cosas, la venta del predio conocido como El Dorrego, con la excusa de construir un Centro Metropolitano Audiovisual.
Otra controversia gira en torno a El Tiro Federal, con sede en Av. del Libertador 6935 y declarado Monumento Histórico Nacional (Decreto Nº 1680/05 PEN), del cual se conoce la venta de sus terrenos, para construir dos torres con una ocupación del terreno del 100% eliminando los espacios verdes.
La primera versión del proyecto contaba con un directorio de 7 miembros, como el interbloque Suma+ no estaba dispuesto a votarlo, se eliminó el séptimo que le correspondería a esa fuerza parlamentaria. Así, sólo quedaron como integrantes el PRO y la segunda minoría, es decir, el Frente para la Victoria. Como a pesar de los compromisos asumidos en diciembre pasado, el FPV votaba dividido, tuvieron que armar una nueva mayoría para garantizar la aprobación del proyecto. Así aparecen en escena los bloques Suma+, Confianza Pública y el Frente Renovador, quienes, junto a los 4 votos que aportó el FPV, garantizaron la creación de la flamante Agencia.
Esto muestra como redistribuyendo la participación de los bloques vuelve a aparece el séptimo lugar en el directorio y algunos cargos de los órganos de contralor, como son los síndicos, para las fuerzas de la oposición.
La nueva Agencia de Bienes SE fue aprobada por 42 votos positivos, 16 negativos y 2 abstenciones. Para llegar a los 40 votos necesarios, el Pro tuvo el acompañamiento de SUMA+, Confianza Pública, el Frente Renovador, Sindical Peronista y 3 votos provenientes desde el Frente para la Victoria, espacio que liberó a sus legisladores a votar libremente.
El bloque que maneja Carlos Tomada contó con el voto dividido de sus 12 miembros. María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia acompañaron al oficialismo, mientras que Tomada y Gabriel Fuks se abstuvieron.
Por su parte, Pablo Ferreyra, María Magdalena Tiesso, Lorena Pokoik, Paula Penacca, Javier Andrade, Andrea Conde y José Cruz Campagnoli votaron en contra. Por su parte se negaron a acompañar los bloques de la Coalición Cívica, el Partido Socialista, el PSA, Autodeterminación y Libertad, Bien Común, FIT y PTS.
El 9 de junio la legislatura aprobó el proyecto que crea la Agencia de Bienes Sociedad del Estado y le transfiere la totalidad de los bienes de dominio privado de la Ciudad y «Se adjudica el derecho de vender todos los terrenos y edificios de dominio público de la Ciudad ubicados al norte de la Avenida San Juan”. Así y todo, el gobierno ni siquiera publicó la lista de bienes públicos de la que se desprenderá pero, a través de la investigaciones, se estima que se trata de más de 2.400 inmuebles que involucran a 12 de las 15 comunas.
