JUICIO A PERFIL POR UNA TAPA DE CARAS
Hace dos años atrás, tras separarse del futbolista Cristian Fabbiani, la modelo Victoria Vanucci protagonizó en junio de 2010 una polémica tapa en la revista Caras en la que posaba con la ropa rota, un moretón en la pierna, manchas de sangre, pero eso si: mucha sensualidad. Por aquella producción de fotos recibió muchas críticas. Todas giraban en torno al peligroso mensaje que emanaba sobre la violencia de género, un tema tan complejo como grave.
En ese momento, amparada en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer sancionada en 2009 la abogada rosarina Liliana Urrutia -quien consideró «peligroso y confuso» el mensaje- decidió ir a la justicia contra Editorial Perfil en una acción por daño moral colectivo, publica hoy Pagina/12.
Y casi dos años después, la jueza en lo civil y comercial de Rosario Susana Gueiler abrió la convocatoria por 20 días para que todas las personas interesadas en sumarse a esa novedosa presentación colectiva (class action, su nombre en inglés) puedan formar parte del proceso.
«La inclusión coletiva persigue un solo fin, que no es económico. Lo que se persigue es lo que puse en la demanda: el resarcimiento del daño moral producido, con una nota que trate la problemática de manera seria, con datos oficiales. La revista podría también publicar la sentencia, que seguramente será ejemplificadora«, apuntó Urrutia a ese medio.
Sobre el mecanismo elegido para aplicar la ley contra la violencia de género, Urrutia apuntó: «Cuando inicié la demanda planteé la acción de clase. Inicié una acción individual porque me sentí ofendida individualmente, pero la pretensión principal en mi demanda fue una acción colectiva o de clase donde planteo el daño moral colectivo y planteo resarcimiento, de acuerdo a la ley 26.485, que habla de violencia mediática».
Urrutia preside la Comisión de los Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados de Rosario, aunque esta presentación la hizo «a título personal». Sobre la aplicación de este modelo en el caso de publicidades agraviantes, por ejemplo, consideró que allí cabe un recurso de amparo. «En cambio, con esta revista, el hecho estaba consumado. La producción fotográfica y la nota ya habían salido. Por eso planteé el resarcimiento por el daño moral colectivo, por haber tenido que ver imágenes agraviantes con una problemática tan seria como violencia de género tratada de una manera tan peligrosa y confusa», planteó la profesional.
Para Urrutia, la tapa de Caras «naturalizó un tema muy serio con banalidades. Sale la modelo con manchas de sangre y la ropa rota, con poses sensuales. El mensaje es que si tu marido te pega no importa, porque vos sos joven, bonita, sexy y exitosa». Para Urrutia, hay que tener en cuenta el ciclo de la violencia, que describen, entre otras teóricas, la psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen. «Hay un ciclo y después de la agresión entre las sábanas viene la reconciliación», apuntó Urrutia para subrayar la importancia de brindar otro tipo de herramientas a las víctimas.
«Cuando inicié la demanda lo hice invocando la representación colectiva. Como mujer considero que el bien colectivo que se ha vulnerado es el de los derechos de las mujeres, que han sido tratados por un medio de comunicación de una manera lesiva», arguyó la profesional, quien subrayó lo novedoso del camino planteado para hacer cumplir la ley sobre violencia contra la mujer. «No hay antecedentes, esto es abrir caminos, porque sino tenemos una ley muy bonita, pero no la podemos aplicar. Los organismos de control, como el observatorio que controla la violencia mediática, no tiene capacidad sancionatoria», apuntó Urrutia.
Sobre las formas de participar de esta presentación colectiva, Urrutia sugirió que «toda aquella persona que se sienta identificada y quiera sumarse al proceso colectivo que consulte a un abogado de confianza. También puede acercarse a alguna Defensoría pública, porque la ley contempla el beneficio de gratuidad. También el Ministerio Público Fiscal interviene como parte en los procesos colectivos, pero pueden ir además a la Defensoría del Pueblo o a alguna asociación de mujeres». El plazo de 20 días está vigente a partir de la notificación pública de esta medida judicial.
