UN TROPEZÓN COMO ESTE NO CUALQUIERA DA EN LA VIDA
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue condenado a indemnizar con más de $50 mil a una mujer que sufrió la fractura de una muñeca por una caída causada por un tropezón con una baldosa mal colocada en la esquina de Callao y Viamonte.
La decisión fue adoptada por la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña, que subrayó que «la Comuna resulta ser propietaria de las aceras y guarda para sí el ejercicio del poder de policía sobre ellas, lo que le impone el deber de asegurar que las veredas tengan una mínima y razonable conservación, a efectos de evitar daños a terceros».
La condena, que acaba de ser notificada a las partes, se vincula con un episodio ocurrido el 26 de agosto de 2006, cuando Hilda Solano, de profesión galerista (persona que posee o dirige una galería de arte) tropezó con una baldosa floja en la vereda izquierda de la intersección de calles, justo frente a un albergue propiedad de la empresa Hoteles al Sur, también condenada.
La mujer sufrió la fractura de la muñeca derecha, lo cual le generó una incapacidad física y permanente del 30% de su capacidad, según el dictamen de los Peritos que intervinieron en la causa.
La demanda, patrocinada por el abogado Gustavo Soler, sostenía que «la Ciudad tiene la obligación de mantener en buen estado las aceras porque las calles son bienes del dominio público, y en consecuencia corresponde al gobierno responder por los daños que esta carencia genera a los ciudadanos».
Los jueces Inés Weinberg, Horacio Corti y Carlos Balbín le dieron la razón: «El accidente sufrido por la actora y su nexo causal se encuentran suficientemente demostrados. No sólo se ha acreditado la fractura padecida por la demandante sino también quedó probado que la caída desencadenante del hecho dañoso tuvo su origen en el deterioro de la vereda».
«No asiste razón a la Ciudad en tanto pretende desligarse de responsabilidad por el hecho que se ha examinado en estas actuaciones», resumieron los magistrados.
El fallo estableció un resarcimiento de $42.624,66, más los intereses de casi seis años.
