TORRE DE LA ISLA DEMARCHI: LA EMPRESA CONTRATADA ACUSADA POR ESTAFAS

RIVA S.A. fue denunciada por un edificio que cobró pero jamás construyó en Uruguay 722

YACIRETÁ N° NO SÉ CUANTO….

Este lunes 06/10, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó allanar las oficinas de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, tras la denuncia penal impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans, sobre las irregularidades en el proceso licitatorio para la construcción de un edificio “inteligente y de última tecnología” ubicado en la calle Uruguay 722 cuyos costos fueron “millonarios” pero nunca se construyó. Se trata de la empresa Riva S.A. la misma que tiene a cargo la construcción de la torre de la Isla de Marchi que mostró orgullosa Cristina Fernández.

La empresa es cuestionada por ganar licitaciones millonarias y no realizarlas

Este lunes 06/10 el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó allanar las oficinas de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, tras la denuncia penal impulsada por el abogado Ricardo Monner Sans, sobre las irregularidades en el proceso licitatorio para la construcción de un edificio “inteligente y de última tecnología” ubicado en la calle Uruguay 722 cuyos costos fueron “millonarios” pero nunca se construyó.

Además, las sospechas de los investigadores en relación a la edificación destinada a juzgados civiles, ronda en una posible sobrefacturación que benefició a la empresa RIVA SA., la misma a la que se acusa de incumplir lo pactado y a la que se le volvería a otorgar esta obra en los próximos días, sentenciaron las voces consultadas de la magistratura.

RIVA S.A. es la misma empresa que salió ganadora en el llamado a licitación del Gobierno nacional para la construcción de un megaedificio en la isla Demarchi.

Santiago Riva, el empresario detrás de la supertorre de la isla Demarchi. Cultor del bajo perfil y evita las fotografías. Acumula denuncias por irregularidades en la obra pública. Tiene negocios en 13 provincias.

El impulsor de la denuncia fue Ricardo Monner Sans que impulsó la denuncia el pasado 3/09. También accionó otras cuatro por “ilegalidades” y “sospechas de accionar delictual” en los “procesos de compras, contrataciones y licitaciones” que se efectuaron en la Magistratura, con normas “derogadas” y funcionarios sin los requisitos para ejercer sus cargos.

Irregularidades

La maniobra encubriría desvíos de fondos, ya que se adjudicó el proyecto a la empresa RIVA S.A, la obra no se realizó, los pagos “millonarios” se efectuaron y ahora se abrió una nueva licitación que se adjudicaría a la misma empresa que incumplió “innumerables veces”, en supuesta connivencia con funcionarios del Consejo de la Magistratura, según advierte el denunciante.

El allanamiento se realizó por la mañana y del operativo participaron más de cinco oficiales judiciales que secuestraron expedientes y soportes técnicos de las oficinas del presidente del Consejo de la Magistratura, el camarista federal Alejandro Sánchez Freytes.

¿Por qué esa oficina?

Allí, se habrían intentado “ocultar” la documentación de la Comisión de Administración Financiera que también fue allanada por el personal judicial. De esta, se llevaron documentación, expedientes y computadoras que podrían complicar la situación procesal del presidente de dicha comisión, el camarista laboral Mario Fera y del Administrador General del Poder Judicial, Germán Krieguer.

La obra para la “ambiciosa” construcción de un edificio para el fuero civil se adjudicó a través de la Comisión de Administración y Financiera en Septiembre de 2009, a la empresa constructora RIVA S.A.

No sólo se habría llevado a cabo con leyes “derogadas” sino que además se hizo con la intervención del Administrador General del Poder Judicial que carecería de título habilitante para ejercer su cargo, según denunció la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago.

Al momento de la adjudicación en 2009, Krieguer, no tenía título universitario y habría sido nombrado por el entonces presidente del Consejo, el camarista Luis María Cabral.

La responsabilidad de Fera, Krieguer y Cabral está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien avanzaría junto al fiscal Patricio Evers en la recolección de pruebas y en la investigación de responsabilidades según el artículo 253 del Código Penal, detallan los técnicos consultados.

Además de investigan supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y enriquecimiento ilícito de los que intervinieron en el proceso licitatorio y adjudicaron la obra.

NEGOCIADOS NO SOLO CON EL FPV

Riva SA tiene injerencia en 13 provincias y forma parte de una segunda línea de las millonarias contratistas del Estado, un escalón debajo de las más grandes, como Roggio o Sideco. Integra la nueva generación de la Cámara Argentina de la Construcción, que también cuenta con Nicolás Caputo (el mejor amigo de Mauricio Macri) y Cristóbal López, el zar del juego K. Justamente, una de las versiones del mundo empresarial es que Cristóbal está detrás de Riva. Por lo pronto, realizó dos obras en el Hipódromo de Palermo en 2006.

La buena sintonía con el gobierno nacional también colaboró para ganar licitaciones. El Centro Cultural del Bicentenario, el Centro Federal Penitenciario del Noroeste, cientos de viviendas del Plan Procrear en Tandil y, hace poco, el nuevo edificio de YPF Tecnología, en Berisso, son algunos casos. En Santiago del Estero, el vínculo con las huestes del senador radical K Gerardo Zamora les permitió construir una terminal de ómnibus ($ 45 millones), la reparación del Hospital Independencia ($ 13 millones por contratación directa) y una cárcel ($ 11 millones como único oferente).

Pero Riva no negocia solo con el FPV, ya que su compañía parece ser una de las preferidas del PRO, ya que remodeló el foyer y el Salón Dorado del Teatro Colón (no tenía antecedentes en restauración de monumentos históricos) y el Centro Cultural San Martín, por $ 38 millones. Por la obra del Metrobus de la 9 de Julio fue denunciada por un supuesto sobreprecio de $ 200 millones. En el gobierno porteño explicaron que se imputaron en el rubro “Metrobus” gastos de otras áreas.

En Córdoba, el Frente Cívico presentó una denuncia penal por la terminal de ómnibus de la ciudad: se inundó a pocos días de ser inaugurada y no se instalaron sillas. Otro caso es el Hospital Pasteur de Villa María, que llevó cinco años. Tenía un presupuesto cercano a los $ 70 millones y pasó a más de $ 120 millones.

Otra polémica: el nuevo edificio para el Consejo de la Magistratura se adjudicó en 2009 por $ 50 millones pero, según denunció Ricardo Monner Sans, se pidió una actualización de más de $ 70 millones pero no se avanzó. “Tienen más abogados que ingenieros”, bromea un ex diputado PRO.