Desde el desembarco de la empresa norteamericana hace ya casi tres años, los chóferes de taxi de la Ciudad de Buenos Aires todavía mantienen su rechazo y el pedido para regularizar la situación de la aplicación que se vio favorecida por el poco control estatal pese a que ya existe una ley que multa a los proveedores del servicio y que, sin embargo, todavía no se reglamentó.
En esta relación conflictiva, ni San Valentín hizo efecto: ayer por la noche, una nutrida cantidad de taxistas se dirigieron al domicilio del secretario de Transporte, Juan José Méndez, para reclamar por la reincorporación del conductor, Matías Alejandro Tarantini, que el día anterior había amenazado a una pareja al confundirlos con usuarios de UBER.
Marcelo Boeri, presidente de Taxistas Unidos y uno de los más enérgicos en el pedido: «Si se suspenden licencias a los taxistas por denunciar el accionar de Uber sin esperar un proceso implica atentar contra la fuente laboral», expresó en la manifestación. La misma actitud habían tomado el martes cuando se dirigieron al hogar del jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta.
Sin embargo, la respuesta del oficialismo no sería la de calmar las aguas: en una ofensiva contra la actitud violenta del chofer agresor, el subsecretario de Justicia, Hernán Najenson, presentó una denuncia penal para impulsar una investigación por los «delitos de amenazas coactivas, daño, lesiones y violencia de género». ¿Cómo seguirá esta historia?
