Con el comienzo de las prácticas educativas en el ámbito laboral comenzaron los debates acerca de si son o no constitucionales. Desde la oposición muchos dirigentes hablan de «precarización laboral», «explotación de menores» y disponibilidad de mano de obra gratis en un mercado laboral sin cupos. Sin embargo, el debate retomado en el marco de la ley demuestra que la actual ministra de Educación, Soledad Acuña, pasa por encima la división de poderes.
Gustavo Moreno, asesor tutelar de la cámara de apelaciones, contó que presentó un amparo que en 2017 por la toma de 29 colegios, este recurso llevaba al esquema de derecho el reclamo de los estudiantes. Uno de los puntos era obtener información acerca de la reforma educativa «Secundaria del Futuro» que incluía el Sistema de Prácticas Educativas Profesionales de carácter obligatorio, lo cual pasa por encima la Ley 3.541 de la Ciudad de Buenos Aires que determina que las prácticas laborales deben ser voluntarias.
La forma de implementar las prácticas profesionales en las escuelas debería ser: en primer medida reformar la ley 3.541 y proponer la obligatoriedad de las mismas, y recién en segundo lugar instrumentarlas.
«Lo que no puede pasar es que una reforma ministerial reforme la ley, se violenta la división de poderes, se atribuye el poder ejecutivo el jefe de Gobierno o la ministra facultades legislativas que no le corresponden. Es peligroso de la forma educativa e institucional porque si un ministro va a modificar la ley por una resulución propia para que tenemos la legislatura», resaltó Moreno en diálogo con FRECUENCIA ZERO.
