La Fundación Poder Ciudadano solicitó ser reconocida como querellante en la investigación judicial que indaga un presunto esquema de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios atribuidos al desplazado titular Diego Spagnuolo. La causa, a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, apunta a un entramado de pagos irregulares en la compra de medicamentos que, según las grabaciones, involucrarían a la secretaria de Presidencia Karina Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem, entre otros funcionarios y empresarios.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, explicó que el pedido busca garantizar la participación de la organización en todas las instancias del proceso: “Queremos estar presentes en los peritajes, en la toma de testimonios y en las medidas de prueba. Es una causa de resonado interés público y creemos que debe investigarse a fondo la veracidad de los audios y el contenido de esas conversaciones”.
Secchi destacó que hasta ahora la investigación permanece bajo secreto de sumario, pero resaltó la rapidez con la que actuó la Justicia en las primeras etapas. También cuestionó la actitud del Gobierno, que apartó a Spagnuolo de la ANDIS sin realizar una denuncia formal: “Llama la atención que todavía no haya una defensa clara sobre lo que se conoció y que, en cambio, se haya intentado desviar el foco hacia los periodistas que difundieron los audios”.
Por último, advirtió que lo que se investiga excede a los nombres propios y afecta directamente al funcionamiento del Estado: “La corrupción no tiene una víctima individualizable, sino que daña al conjunto de la sociedad. La transparencia es un interés colectivo y por eso las organizaciones de la sociedad civil debemos impulsar su defensa en la Justicia”.
