El juez Francisco Javier Ferrer, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ordenó a la Legislatura porteña pagar si no garantiza el «ejercicio inmediato de la Tribuna Popular».
La resolución fue a partir de una presentación que hicieron la Red Interparques y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, tras 15 años sin cumplir con esta norma, que permite «a cualquier persona a efectuar planteos al cuerpo legislativo en forma previa al desarrollo de las sesiones de la Legislatura sobre temas de especial interés para la Ciudad».
A través de un comunicado, el Observatorio explica que «este derecho se encuentra reconocido en los artículos 76 y 77 del Reglamento interno de la Legislatura de la Ciudad y son operativos del artículo 1 de la Constitución de la Ciudad que establece la Ciudad «organiza sus instituciones autónomas como «democracia participativa». La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires negó el ejercicio de este derecho con el argumento de que no se encontraba reglamentado y durante quince años se presentaron distintos proyectos de reglamentación que no fueron tratados ni aprobados en el recinto».
En Frecuencia Zero, Mauricio García, de la Red Interparques, afirmó que «esto es un derecho vulnerado. (…) Esto es muy contradictorio». Además se refirió a la audiencias públicas y destacó la importancia de que sean vinculantes, cosa que no sucede en la Ciudad. «Siempre que vamos a las audiencias y después salimos con un sabor amargo porque sentimos que esa participación no está completa».
