El presidente Mauricio Macri traspasó la gestión de los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal de Nación a Ciudad a través del decreto 873/16. Lo asombroso del caso es que no se especifica ninguna de las condiciones en las que se realizará.
Al respecto, la diputada por el FPV y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, expresó: «El traspaso de los centros de régimen cerrado de Nación a la Ciudad es un misterio. Estamos profundamente preocupados porque no hay claridad sobre cuál será la modalidad de traspaso de los y las trabajadores, ni de qué manera y bajo qué perspectiva se trabajará con los adolescentes durante su permanencia en los centros, para prevenir su ingreso y acompañar su egreso.»
«La Ciudad no debe desaprovechar esta oportunidad para discutir democráticamente la mejor manera de garantizar los derechos de los pibes y pibas de la Ciudad. La efectiva garantía de derechos requiere de un abordaje integral y con una perspectiva de inclusión social dotado de recursos, políticas efectivas y trabajadores de la infancia jerarquizados«, agregó Conde.
