En el año 2019 se votaron en la Legislatura Porteña el Código de Edificación y el de Planeamiento Urbano. Varias organizaciones sociales se manifestaron en contra, entre ellas, la Fundación Rumbos. Hablamos con su presidente, el sociólogo Eduardo Joly, para actualizar el estado de situación del reclamo judicial realizado.
La novedad radica en que la Jueza Elena Liberatori a cargo del Juzgado N° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, se declaró competente en uno de los aspectos del reclamo que refiere al Trámite de Inconstitucionalidad sobre el accionar de la Legislatura al violar el derecho a la instancia de Participación Ciudadana. Por otra parte, sobre temas puntuales referidos a artículos del Código de Edificación, pronunció su incompetencia y derivó su tramitación en el Tribunal Superior de Justicia.
“Lo que nosotros hicimos fue presentar lo que técnicamente se llama un recurso de inconstitucionalidad porque la resolución de la jueza menoscaba mi derecho constitucional a una sentencia fundada en el derecho. Me priva a mí y a las personas con discapacidad de la garantía de una protección judicial efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la jueza no va a dictar ninguna medida cautelar en relación a esos artículos. Todo lo que se resuelve en el Tribunal Superior de Justicia emite una resolución de tipo conceptual porque no tiene la atribución de dictar una medida cautelar, razón por la cual. Quedaríamos desprotegidos”, explica Joly.
Enfáticamente pronuncia que la jueza debe “hacerse cargo de todo el reclamo, no sólo de la parte de Participación Ciudadana sino de los artículos puntuales que son efectivamente los que día a día nos afectan en los proyectos de construcción que se van aprobando y se van ejecutando y que van lesionando nuestros derechos, que nos están dejando afuera, este es nuestro argumento”, y sentenció: “no entendemos por qué la jueza no entendió esto”.
La expectativa también se erige en que el Tribunal Superior de Justicia le diga a la jueza Liberatori que la causa vuelve a ella y deba hacerse cargo. Sin embargo, la expectativa se dificulta en virtud de una justicia tan politizada bajo presiones económicas y sectoriales para que la demanda presentada no prospere: “si nuestra demanda prospera, se opone a la millonada de dólares que fueron declarados en el sinceramiento fiscal macrista, que estarían interesados en volcarse en emprendimientos inmobiliarios en una ciudad, cuya cara va a ser transformada en el Código Urbanístico. Esos son intereses muy poderosos que tienen sus lobbies en la Justicia. Es muy difícil saber, la ciudadanía y las personas con discapacidad tenemos que tener el músculo suficiente para poder resistir. Están en juego derechos ciudadanos versus intereses económicos privados”.
En paralelo con la instancia judicial, y al ser consultado por la chance de generar alguna discusión que genere cambios al código sancionado, Joly sostiene: “Nada nunca está cerrado y uno tiene el ánimo de pelear por lo que considera justo. En las últimas elecciones, por un lado, Horacio Rodríguez Larreta arrasó como Jefe de Gobierno, pero por otro lado, la composición de la Legislatura cambió y el oficialismo ya no tiene mayoría absoluta. Ahora tiene la necesidad de establecer alianzas y nosotros vamos a llevar adelante nuevamente nuestro planteo ante esta nueva composición legislativa. Estamos desarrollando una estrategia y vamos a hacer un trabajo político fuerte para tratar de revertir, legislativamente, este proceso en paralelo al judicial”.
“Estamos condenados a la inmovilidad. Yo uso silla de ruedas, pero la discapacidad aparece en el momento en que yo no puedo circular o no puedo entrar al mismo lugar que cualquier otro, cuando no podemos compartir un espacio. La discapacidad aparece en el espacio mal construido. Y la Legislatura con este Código de Edificación esta de hecho, “discapacitando”.
