La Legislatura porteña aprobó ayer el proyecto para implementar los juicios por jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 55 votos a favor y 5 en contra.
La nueva norma obligará a los juzgados a tener 12 ciudadanos comunes que juzguen en los casos que tengan una pena superior a los 20 años, como los daños a la integridad sexual.
Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, el miembro de la Usina de Justicia y abogado penalista Fernando Soto detalló que la medida era una deuda de la Ciudad y de la Nación con la Constitución. Aunque destacó que el texto no les permitía apelar a las víctimas.
Al mismo tiempo, Soto puso de manifiesto que la población tenía sentido común y resolvía mejor los casos que el Poder Judicial. En esa línea, ejemplificó con un caso en la provincia de Buenos Aires, en la que dos asaltados fueron absueltos por los jurados tras haber matado a los ladrones en legítima defensa. Y advirtió que los magistrados los hubieran condenado por un exceso…
Asimismo, el especialista señaló que la apelación era un derecho básico. Y alegó que las víctimas y los imputados debían estar en igualdad de condiciones. Además, subrayó que los legisladores habían pensado que se desvirtuaba la participación de la ciudadanía con la revisión de un tribunal superior.
En esa línea, Soto puso de relieve que la revisación de las causas debía ser amplia, con una revalidación y reevaluación de las pruebas. Finalmente, Soto indicó que, en Estados Unidos (EE.UU.), todos las causas eran resueltas por ciudadanos comunes.
