La titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, aseguró el último fin de semana que la comunidad mapuche era pacífica, en respuesta a las críticas de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
Carreras advirtió el pasado 23 de octubre –en diálogo con Radio Mitre– que las autoridades del INAI instigaban y sostenían a grupos violentos. Al mismo tiempo, resaltó que el organismo tenía objetivos políticos que, según ella, perjudicaban el funcionamiento de las instituciones.
Por su parte, Odarda señaló en una conversación con el diario Perfil que la gobernante había usado a los mapuches para la campaña electoral. Y, en su teoría, les había hecho un daño «irreparable». En ese sentido, remarcó que la gobernación había acusado a todo un pueblo y, sin embargo, no había determinado a los responsables de los ataques, en referencia al incendio del Club Andino Piltriquitrón.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, el comunicador social y corresponsal de medios independientes en Chile, Alfredo Seguel, planteó que tanto en Argentina como en el país trasandino se había montado la imagen del enemigo interno por sobre los mapuches. A la vez, recalcó que había un marco de recuperación de tierras ancestrales. Y enfatizó que los Estados chileno y argentino fomentaban la industria forestal, el fracking y el extractivismo.
En esa línea, Seguel apuntó que la administración de Mauricio Macri había implementado el comando unificado; el cual, según él, propiciaba un rastreo de los indígenas en Neuquén, Chubut y Río Negro. A su vez, subrayó que la Resistencia Ancestral Mapuche era una excusa para deslegitimar al pueblo mapuche.
De igual modo, el analista destacó que, en 2017, hubo un acuerdo político de transferencia de armas desde Argentina hacia el sur de Chile; con el objetivo, en su teoría, de construir una idea en contra de los pueblos originarios. También, sostuvo que las zonas sureñas chilenas se hallaban militarizadas y, en definitiva, que los diferentes planes de inteligencia llevados a cabo allí habían generado asesinatos y detenciones.
Asimismo, afirmó que nunca se había reparado el genocidio efectuado entre 1860 y 1880. Finalmente, aseveró que, al hablar de autonomía, se exigía el cumplimiento del derecho de las comunidades a elegir su futuro y cómo desarrollarse.
