Un grupo de beneficiarios del plan PROCREAR en Avellaneda denunció penalmente al presidente Javier Milei, a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Caputo por la reasignación de 160 viviendas que les habían sido adjudicadas por sorteo público. Las unidades habitacionales forman parte del complejo Sagol, construido bajo el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar. Días atrás, Bullrich encabezó un acto en el que anunció la entrega de esas viviendas a efectivos de las fuerzas federales.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Leonardo Martínez Herrero, abogado de las familias damnificadas, afirmó que sus representados “fueron estafados por el Ejecutivo Nacional”. Según explicó, los vecinos habían sido notificados como adjudicatarios por correo electrónico el 24 de noviembre de 2023, días antes de la asunción de Milei, e incluso algunos llegaron a tener aprobados sus créditos y tarjetas del Banco Hipotecario. Sin embargo, desde diciembre fueron desatendidos, y en plena tramitación de amparos judiciales, se enteraron de que sus viviendas ya habían sido entregadas a otras personas. “Hubo un desbaratamiento de derechos acordados. El Gobierno actuó de forma planificada y arbitraria”, denunció el abogado.
El letrado precisó que la causa incluye cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público. También fue solicitada la documentación del convenio entre los ministerios de Economía y Seguridad, el cual, según indicó, nunca fue hecho público. Mientras la denuncia avanza en sede penal, las familias, que ya habían dejado sus alquileres, viven hoy en condiciones precarias, alojadas en casas de familiares o amigos. “Las dejaron en un limbo y sin nada. El Estado actuó como si no tuviera continuidad”, concluyó el Dr. Martínez Herrero.
