El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó un decreto que obliga a los servicios de subtes, colectivos y recolección de residuos a garantizar entre el 50 y el 75 por ciento de su funcionamiento durante medidas de fuerza gremiales. La iniciativa, firmada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca asegurar prestaciones mínimas en actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, cuestionó la medida y sostuvo que se trata de “un intento de coartar las libertades sindicales” y de limitar el derecho constitucional de huelga. Según expresó, la decisión no apunta a mejorar el servicio para los usuarios, sino a garantizar la rentabilidad de las empresas concesionarias. Además, afirmó que las acciones gremiales permitieron visibilizar problemas como la presencia de asbesto en la red, la falta de mantenimiento y el deterioro de la infraestructura.
El dirigente también aseguró que el sindicato no renunciará a las medidas de fuerza que considere necesarias para defender las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores. En ese sentido, remarcó que el transporte público no integra los servicios que, según la Constitución, deben mantenerse plenamente operativos durante una huelga. Asimismo, vinculó el decreto con una política de mayor restricción sobre la protesta sindical y reiteró los reclamos por la presencia de material cancerígeno en el subte, situación que, según denunció, ya provocó la muerte de varios trabajadores.
