La Cámara Federal de Bahía Blanca dio un giro en la causa por la muerte de Facundo Astudillo Castro, desaparecido varios días y encontrado luego de la detención de la Policía de la provincia de Buenos Aires, en medio del confinamiento por el Covid- 19.
Es que los camaristas Pablo Larriera y Leandro Picado ordenaron un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone y el secuestro de los teléfonos de los efectivos que estuvieron con el joven antes de su desaparición.
De este modo, le dieron lugar al recurso de apelación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y revocaron parcialmente la decisión de la jueza Federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, sobre el rechazo de medidas de pruebas solicitadas por la fiscalía y la querella.
«No sabemos que vamos a encontrar después de ocho meses. Pero es importante que la Cámara no piense lo mismo que la jueza. Para ella, hay que buscar únicamente en el lugar donde plantaron el cuerpo y pensar que Facundo se ahogó solito», marcó el abogado de la familia, Leandro Aparicio, en diálogo con FRECUENCIA ZERO.
Por otro lado, los fiscales Horacio Azzolin y Andrés Heim recusaron a la magistrada por pérdida de imparcialidad y entrometerse en cuestiones de los fiscales. «Si otro juez imparcial hubiera estado al frente de la investigación; por lo menos, seis policías tendrían que estar detenidos», expuso.
Al mismo tiempo, el letrado insistió con el encubrimiento de las fuerzas por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la connivencia entre la Policía Federal y el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Martínez, quien fue inhibido en el caso. «Sabemos que hemos encontrado otras cosas que nos permiten sostener que Facundo fue asesinado», cerró.
