La jueza Elena Liberatori, titular del Juzgado de N° 1 en lo Contencioso y Administrativo porteño, ordenó la inmediata suspensión de la Ley N° 5.966, que autorizaba la incineración de residuos, en el marco de la causa caratulada “Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y otros contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre amparo ambiental”.
Entre sus argumentos señaló que las cuestiones ambientales “son materia legal” y requieren un proceso legislativo de doble lectura. También recordó la obligación constitucional de dictar un Código Ambiental, incumplido desde 1996.
Andrés Napoli, referente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aseguró que se frenó la incineración por el tratamiento de la norma en la Legislatura porteña, “no por el fondo de la cuestión que planteamos” sobre el ambiente y la sociedad.
Durante la modificación de la Ley de Basura Cero, no se “reunió los requisitos necesarios para su votación. Necesitaba una mayoría calificada de votos (42 a favor) y se hizo por mayoría simple”, explicó. Esto quiere decir que la propuesta debe aprobarse una vez en el recinto, pasar por audiencia pública y por último volver a discutirse en el Parlamento de la Ciudad.
Napoli indicó que la norma está suspendida y tendría que volverse a debatir si continúa el mismo curso.
