El Tribunal Superior de Justicia decidió apartar al juez Roberto Andrés Gallardo de la causa que investiga el Sistema de Reconocimiento Facial que tiene la Ciudad de Buenos Aires para hallar a prófugos y delincuentes.
La demanda original había sido presentada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y planteaba la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SNRP) implementado en la Ciudad de Buenos Aires en 2019 por violar derechos humanos, la ley de protección datos personales, tratados internacionales, los derechos de intimidad, privacidad, reunión, igualdad y el principio de no discriminación (es de baja efectividad el sistema y proporciona falsos positivos que pueden provocar la detención errónea de personas), entre otras tantas cuestiones.
Recapitulando, debemos señalar que en abril, el juez Gallardo hizo lugar a una cautelar y suspendió el SNRP por las fallas en los mecanismos de control, las falencias en las fuentes que lo nutren, la falta de evaluación de impacto en la protección de datos, la falta de participación ciudadana y los derechos en juego. Luego Gallardo fue recusado por el Gobierno porteño por haber pedido pruebas.
En este sentido, Rodrigo Iglesias, abogado de ODIA , explicó en dialogo con Frecuencia Zero, que los oficios que solicitó el magistrado son medidas de prueba, no es algo que no se pida nunca o fuera de lo común «si él considera que le faltan argumentos o información tiene que investigarlas».
«Es por eso que se hacen los allanamientos y la pericia a cargo de la Policía Aeroportuaria (PSA)y casi al mismo tiempo, Gallardo, fue recusado por el gobierno porteño, la Cámara de Apelaciones lo respaldó y la semana pasada llegó el resultado del estudio en cuestión, y el informe es categórico, el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos no funciona como debería», señaló el letrado.
