Hace un tiempo que María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, repasa la problemática sanitaria en los barrios populares, particularmente en la Villa 21- 24 con la contaminación del agua potable. En ese marco, señaló que «uno de siete porteños no accede al agua potable segura». De hecho, estos lugares no tienen garantizado el acceso al agua potable y la prestación de este servicio, teniendo consecuencias directas en la vida y en la salud de sus habitantes.
Según Koutsovitis, los barrios populares no cuentan con una adecuada prestación del servicio porque en sus interiores no es prestado en igualdad de condiciones. Si bien Aysa se encarga de la Ciudad de Buenos Aires, estos sitios no reciben su servicio. Por lo tanto, «tenemos tendidos precarios» y «la calidad del agua que consumen no es controlada por ningún organismo de gobierno».
Luego de la denuncia por olor fecal en el agua potable de la Villa 21- 24, repasó el trabajo realizado por la Cátedra ante la falta de respuestas por parte de las autoridades. El viernes pasado, diversos organismos nacionales y porteños se hicieron presentes para tomar siete muestras, tras el pedido del juez de la Causa, Mendoza.
«De esas muestras solamente respetaron dos de los lugares previstos, porque en el resto no había agua, no estaban dadas las condiciones de las instalaciones de las viviendas para aplicar el protocolo de Aysa», describió la especialista. Además, destacó que no hubo cadena de custodia y tampoco tomaron muestras dobles para laboratorios alternativos.
Hasta el momento, las autoridades no les informaron las causas de la contaminación bacteriológica y no realizaron un revelamiento de la situación sanitaria- como encuestas- y de infraestructura. Sólo «tomaron siete muestras en un barrio donde viven 70 mil habitantes, en 7 puntos elegidos sin una metodología consensuada».
Esta problemática se repite en el resto de los barrios populares de la Ciudad. Entonces, Koutsovitis insistió en la regularización de los servicios sanitarios, ya que el derecho al agua «es un derecho humano y es un bien esencial». Por eso, «tenemos que garantizarle a la totalidad de los habitantes el acceso al agua potable segura». Hacia ese camino, es necesario que Aysa y el Gobierno porteño celebren un convenio para hacerse cargo de la prestación del servicio, mejorando la calidad de vida.
