La Comisión de Justicia de la Legislatura porteña debatió ayer en una reunión sobre un proyecto del legislador Leandro Halperín que impulsaba la implementación del juicio por jurados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Al inicio de la sesión, Halperín afirmó que había que tener en cuenta a las miradas que las víctimas podían dar, y que la comisión llevaba a cabo reuniones para promover ese sistema desde hacía dos años.
Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, la abogada penalista y miembro de la Usina de Justicia María Jimena Molina subrayó que la nueva norma debía salir con participación de los dañados, debido a que, según ella, en ninguno de los planes pensados por los funcionarios incluían la posibilidad de apelar de parte los afectados frente a un veredicto absolutorio.
Además, Molina subrayó que había una asimetría «injusta», que no se conectaba, en su teoría, con el momento actual, cuando hay una Ley Nacional de Víctimas. A la vez remarcó que el imputado sí podía apelar si lo declaraban culpable.
Al mismo tiempo, la especialista enfatizó en que la idea era que se brindara una Justicia «ágil y justa», con un voto de mayorías y no por unanimidad. En ese sentido sostuvo que la elección unánime se había impuesto por una tradición en los países anglosajones y porque los jurados no se animaban a votar de manera disidente.
