El asesinato de un inmigrante durante una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis volvió a poner en el centro de la escena las políticas migratorias impulsadas en Estados Unidos y el uso de fuerzas de seguridad para el control de inmigrantes en situación irregular. El hecho, ocurrido en el marco de operativos cada vez más frecuentes y agresivos, generó protestas y cuestionamientos por el uso de la fuerza letal, al tiempo que reabrió el debate sobre si ese tipo de mecanismos podrían replicarse en la Argentina, bajo el actual gobierno de Javier Milei.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Andrea del Mar, abogada especializada en derecho migratorio, explicó que ICE no es una fuerza creada por Donald Trump, sino una agencia que surge en 2003 tras la reforma de seguridad posterior al 11 de septiembre, cuando Estados Unidos adoptó la doctrina de la seguridad nacional. “ICE nace con una lógica de agencia de seguridad, con poder de localización de migrantes y de uso de la fuerza letal, aunque ese poder debería tener una interpretación restrictiva por la Corte Suprema”, señaló. Sin embargo, advirtió que en la práctica existe una “sobreactuación” y un uso discrecional que deriva en abusos, como ingresos a domicilios, controles en escuelas y procedimientos que terminan vulnerando derechos civiles.
Consultada sobre la situación argentina, Del Mar alertó sobre el riesgo de avanzar hacia un esquema similar si se consolida la subordinación de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio de Seguridad y la eventual creación de una agencia migratoria con brazo policial propio. “Si se autoriza una estructura de este tipo sin una reglamentación clara, se abre una zona gris muy peligrosa”, sostuvo, y advirtió que podrían multiplicarse situaciones de represión, violaciones al debido proceso y a los Derechos Humanos de personas migrantes. En ese escenario, remarcó que el control judicial suele llegar tarde: “Los procedimientos ocurren primero y el daño ya está hecho”.
