La Cámara Federal porteña le ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que disponga “medidas rápidas y eficaces” para investigar el patrimonio de las compañías que trabajaron en el soterramiento del tren Sarmiento, entre las que se encuentran Odebrecht (Brasil) e Iecsa.
“La instrucción trae aparejado cierto grado de dificultad probatoria sobre determinados aspectos del iter criminis –más que nada en función de los resultados infructuosos que han tenido en otros países los exhortos internacionales–. Pero ello no obsta a la producción de cursos de acción rápidos y que sirvan para obtener mayores precisiones”, afirmaron los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.
La investigación está encabezada por Martínez de Giorgi, interviene el fiscal Franco Picardi. Analizan el soterramiento, que tiene un presupuesto U$S3.000.000.000.
En junio, el fiscal de la causa Franco Picardi advirtió que entre 2005 y 2014 hubo un “habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales”. Por eso, había solicitado el entrecruzamientos de llamados entre el exsecretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime; su exasesor Manuel Vázquez; a autoridades y directivos de la «Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país”.
