María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), en comunicación con este medio se refirió al fallo del juez Rodríguez en relación al pago de servicios de las familias relocalizadas, a la participación de un espacio de articulación con las diferentes defensorías, el Ministerio Público Fiscal y el cuerpo colegiado, dónde discuten distintos aspectos de la sentencia Matanza/Riachuelo.
La Corte Suprema de Justicia le asignó a la Auditoría General de la Nación y al Defensor del Pueblo de la Nación (cargo vacante desde hace 9 años) que audite y articule el saneamiento de la Cuenca Matanza/Riachuelo. A favor de esto, deben elaborar un plan sanitario de emergencia a partir del relevamiento de 632 barrios de los cuales fueron relevados solo 37 de ellos en todo este proceso.
Lo que más nos preocupa son las familias relocalizadas, donde se está incumpliendo este proceso, y en la ciudad han ido relocalizadas en complejos habitacionales (Complejo Francisco, Lacarra y Múgica) en los cuales se les complica poder pagar las tarifas, a algunos les han llegado facturas de hasta $10000. No se acompañó a las familias en el pasaje de su vida en la informalidad a la formalidad. Además pagan el servicio de agua y saneamiento, como el Barrio INTA, aun cuando cuentan con servicios deficientes.
Dentro del fracaso del (PISA) Plan Integral de Saneamiento, hay una buena noticia, el juez Jorge Rodríguez dispuso que el gobierno en 45 tienen que presentar alternativas para los vecinos que tienen problemas para pagar los servicios y que esta reestructuración no debe alterar la estructura de la ecuación economía familiar.
Agradable sensibilidad del Juez Dr. Jorge Rodríguez que seguramente redundará en una también contemplativa resolución política.