Temor al Tarifazo lumínico.
Los gobiernos provinciales podrán a partir del 1 de enero determinar «de forma autónoma», el valor de las tarifas eléctricas, confirmó ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al explicar que el 31 de diciembre caduca el acuerdo de convergencia suscripto por la Nación y cada una de las provincias, que implicaba el congelamiento tarifario.
El gobierno y las provincias firmaron a partir del 31 de marzo pasado el Acuerdo Marco del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración. Se trató de un programa por el cual las provincias firmantes se comprometieron a congelar sus tarifas eléctricas por un año desde el 31 de diciembre de 2013 y a retrotraer los aumentos efectuados.
Las distribuidoras eléctricas del interior cobraban un cargo variable a los consumidores finales por la energía, atado al precio de la energía y llamado Valor Agregado de Distribución (VAD). Ese acuerdo significó un congelamiento de precios y la quita de subsidios hubiera disparado los precios de la electricidad en el interior, donde las tarifas suelen ser hasta ocho veces más caras que en el área metropolitana.
La iniciativa oficial apuntó a dividir los precios de la electricidad en ocho regiones. El plan tuvo por objeto cuatro objetivos: congelar precios, transparentar costos, realizar estudios que permitan aplicar subsidios con equidad y verificar que esa quita de subsidios futura, no genere competencia desleal de precios. Ahora, la intención oficial es avanzar con esa quita de subsidios cuanto antes.
El acuerdo de convergencia incluyó a todas las jurisdicciones provinciales, porque se observaban profundas asimetrías en el costo tarifario de energía eléctrica. Al respecto se explicó que Santa Fe y Córdoba lideran las tarifas energéticas a nivel nacional, y eso va en detrimento del poder adquisitivo de los consumidores y de los usuarios.
Capitanich recordó que el acuerdo, que «tiene un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre, implicaba dos cuestiones: primero el congelamiento de las tarifas» y «segundo, la perspectiva de financiamiento por parte del Estado nacional de obras complementarias para enlazar adecuadamente las inversiones de alta, media y baja tensión».
Al respecto, señaló que «el objeto de (el acuerdo fue) garantizar la provisión de suministro eléctrico de buena calidad en cada una de las jurisdicciones, atento a que se observa la necesidad de mejorar la oferta energética, sobre todo de media y baja tensión».
El Estado nacional hizo estos acuerdos bilaterales con cada una de las jurisdicciones y estableció mecanismos de asignación de recursos y ejecución de las obras en cada una de las provincias. Pero ahora, a partir del 1 de enero cada provincia podrá definir en forma autónoma su decisión respecto al tema tarifario
