La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Andrea Conde, presentó un proyecto de ley para crear espacios en el que las mujeres puedan acceder a una interrupción de embarazo segura y a educación sexual integral a mujeres adolescentes y adultas.
La iniciativa busca «promover y proteger la salud sexual y reproductiva integral de las personas gestantes, garantizando el acceso a servicios, bienes, educación e información integral en materia de acorto seguro, (…) garantizar el acceso al aborto seguro desde una perspectiva de derechos humanos, (…) asegurar el acceso a información con base empírica sobre todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva, principalmente sobre el aborto seguro y la asistencia posterior en casos de aborto a todas las personas y grupos, especialmente a las y los adolescentes y jóvenes, (…) impulsar la toma de decisiones conscientes, informadas y autónoma de la persona gestante».
Las consejerías deberán «promover la autonomía de la persona gestante en la práctica del aborto sin riesgo brindando información científica, con base empírica y accesible y suministrando la atención necesaria». El personal estará capacitado «ya se técnica y/o profesionalmente para garantizar la seguridad, la buena calidad y la accesibilidad a los servicios de aborto seguro».
«A fin de garantizar el acceso equitativo e igualitario a las prácticas de aborto seguro, cualquier profesional y/o técnico capacitado para proporcionar información científica y/o procedimientos clínicos básicos relacionados con la salud reproductiva, puede suministrar la atención para el aborto en forma segura, aún fuera del marco de las consejerías», indica el texto.
La diputada argumenta que con este proyecto «se busca evitar las muertes y enfermedades por aborto ya que es una obligación esencial en materia de derechos humanos que comparten todos los países, incluso aquellos que criminalizan el aborto a través de la legislación penal».
