«Les podemos garantizar que no van a tener que pagar para estacionar su auto en la puerta de sus casas», anunció Gustavo Desplats, referente de la ONG Proto Comuna Caballito. Dicha organización se encargó de apelar en la Justicia porteña la Ley de Estacionamiento Medido de la Ciudad de Buenos Aires, que preveía la ampliación de parquímetros en distintas zonas de la ciudad, es decir, elevar la nómina de espacios pagos de 4 mil a 80 mil.
El Juez Francisco Ferrer falló en contra de la ley, considerándola inconstitucional, no por cuestiones de fondo, sino por el tratamiento mediante el cual la ley se votó en la legislatura porteña: «La ley 5.728 tuvo muchas fallas desde su nacimiento: tendría que haber tenido una audiencia pública, no la hubo, tendría que haber sumado 40 votos, que no los reunió», agregó Desplats, marcándolo como un mecanismo cotidiano desplegado por el oficialismo en la legislatura porteña.
El conflicto de los parquímetros se originó en junio, cuando desde la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Ciudad aseguraron que apelarían el fallo de Ferrer. Sin embargo, la fiscal Nidia Cicero lo consideró correcto: «Pese a estar contentos con el dictamen, nos preocupa que todas las políticas planteadas por el oficialismo están direccionadas para que la ciudad sea de quien la puede pagar y eso atrasa mas de 100 años», concluyó.
