Política

Halperín insistió con el tratamiento del cannabis medicinal en la Ciudad

El titular del juzgado Nº 15 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Víctor Trionfetti, le dio cinco días a Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos S.E. (Facoep), para garantizarle a un adolescente de 14 años la cobertura íntegra de diez unidades de aceite de cannabis. Además, apercibirá con «sanciones conminatorias de $5.000 por cada día de retardo, en cabeza de quienes revisten el carácter de presidente de Facoep».

En su argumentación, el magistrado recordó que «durante 2017, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.350 con el objeto de establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados para garantizar y promover el cuidado integral de la salud».

La decisión judicial se produjo luego del amparo presentado por una madre en representación de su hijo, quien sufre epilepsia refractaria severa con crisis múltiples. En el documento, la mujer indicó que su médico «ordenó complementar el tratamiento con aceite de cannabis, en orden a los reportes médicos que se vienen generando a nivel internacional sobre los beneficios de su empleo para morigerar la epilepsia».

Para el legislador porteño, Leandro Halperín (Evolución); indicó que la Ley mencionada por el juez contempla a la epilepsia refractaria para el uso del cannabis medicinal. Por lo tanto, la definición de la Justicia resolvió «un conflicto particular vs. el Estado, que se niega a suministrarlo».

En este camino, Halperín consideró que esta situación es consecuencia de que la Legislatura del distrito «se niega a tratar un proyecto de ley local, que clarifica esta cuestión y le da más garantía a los pacientes que requieren este medicamento, garantizando un derecho, que es el derecho medicinal». Desde su visión, el debate sobre el cannabis está lleno «prejuicios, que se derriban con información y educación».

«El lugar del proyecto es el de dormir el sueño de los injustos. La Comisión ni siquiera le dio tratamiento; no convocó especialistas; no estableció consultas con el Poder Ejecutivo; no sumó a las universidades públicas, que vienen estudiando en la materia; no está analizando experiencias internacionales», comentó Halperín, quien agregó que los parlamentarios quieren «tomarse tiempo para analizar esta cuestión». El problema, según consideró, es que pasa «el tiempo» en el mientras tanto.

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