El pasado 1 de marzo, el Estado ordenó que todos los contratos de alquiler se registraran en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que deducirá el 40 por ciento del Impuesto a las Ganancias.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, la licenciada en Economía Empresarial Soledad Balayán señaló que la ley beneficiaba al Estado porque subía los precios por encima de la inflación, pero, según ella, derrumbaba a la oferta.
Además, destacó que en la década de 1990, cuando no se elevaban los valores, un crédito hipotecario valía lo mismo que un alquiler. En su teoría, los conflictos comenzaban con la suba de costos.
También, Balayán subrayó que, si no se cumpliera con la regla, la AFIP podría ignorar un pedido de desalojo y que la norma generó que aumentaran los costes para los inquilinos.
