El grooming es un delito que consiste en el acoso a niños y adolescentes, con graves consecuencias físicas y psicológicas, realizado de forma virtual por parte de un adulto, quien entabla una falsa relación de amistad con el objetivo de inducirlos a mantener relaciones sexuales o lograr material audiovisual de explotación sexual para su comercialización en la web.
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la ONG Grooming Argentina firmaron un convenio de colaboración y cooperación con el objetivo de avanzar en forma conjunta en la lucha contra ese delito, el cual afecta a niños, niñas y adolescentes. Esto permite fortalecer el conocimiento de todos los integrantes del Sistema Integral de Seguridad Pública para la detección temprana, prevención y combate de casos en el territorio porteño.
El objetivo del documento es definir y establecer un marco de acciones y de relaciones mancomunadas, que permitan la cooperación interinstitucional entre ambas partes para propiciar la comunicación, colaboración y ejecución de proyectos en los diversos sectores. Y realizar actividades conjuntas en beneficio de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El convenio, que tiene una vigencia de dos años prorrogable, fue firmado por el secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D‘Alessandro, y el presidente de la Asociación Civil Grooming Argentina, Hernán Navarro, en la sede ministerial, con el compromiso de propiciar el desarrollo humano integral y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Navarro, de Grooming Argentina, consideró que la prevención es el camino: “Es la llave que cierra las puertas de la comisión de este delito, pero también entendemos que lamentablemente esto está sucediendo. Producto de esta pandemia, se han exacerbado los casos, no solo en Argentina, sino en el plano mundial. Y ante eso entendemos que la formación a los distintos actores del sistema, en este criterio de responsabilidad, tienen que ir orientadas a los esfuerzos de formación a los operadores judiciales, los educadores y a las fuerzas de seguridad”.
