El expresidente Mauricio Macri volvió a recusar hoy al juez Martín Bava. Lo investigaba por un presunto espionaje ilegal desde el Poder Ejecutivo hacia los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan entre 2017 y 2018.
La semana pasada, Macri fue citado a una indagatoria en Dolores. Aunque luego la convocatoria se suspendió por falta de relevamiento del secreto de Estado. Y se pospuso para el próximo 3 de noviembre.
Por su parte, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, un extitular de la exsecretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Miguel Ángel Toma, subrayó que la maniobra se había tratado de un manoseo hacia la figura del exmandatario. Y alegó que Bava era un ignorante del Derecho y se había sacado un dos en el examen evaluativo.
Al mismo tiempo, Toma recalcó que se había cometido un «aquelarre jurídico». Luego de lo cual aseguró que el exjefe nacional podría haber sido condenado con seis años de prisión si hubiera dado alguna información. No obstante, resaltó que la causa hubiera tenido posibilidades de caer en esa situación por la obtención de datos sobre una base dudosa de parte del magistrado.
A la vez, el especialista sostuvo que el caso se basaba en una reunión entre Macri y las familias. Del mismo modo, aseveró que la Policía Federal tenía a cargo la seguridad de los gobernantes; y le consultaba a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre los lugares de las actividades.
Sin embargo, afirmó que, si la AFI intervino teléfonos y persiguió personas, la situación se trataba de un delito. De todas formas, aclaró que la Justicia tenía que determinar si los allegados habían sido espiados y si Macri lo sabía.
Además, Toma aseguró que la gobernación de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) había implementado en 2010 una inteligencia en cabeza militar, con el liderazgo del exsoldado César Milani. En esa línea, finalmente, destacó que CFK usó al organismo para el control social y con el objetivo de cubrir tanto la causa de la AMIA como el pacto con Irán.
