La Ciudad

«Hay un poder político, ya que el fideicomiso es de Caputo S.A.»

En el derrumbe del 1 de abril de 2019, en el barrio San Cristóbal, cayó al vacío un joven de 32 años que se preparaba para ir a jugar a la pelota.

Adrián Continiello Farelo falleció víctima de la negligencia de la empresa constructora Lybster y de una serie de “observaciones”, que nadie quiso ver. Es más, el mismo día en que la medianera de su edificio –lindero a la obra irregular– cedió, el inspector Guido Tirendi, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), verificó que faltaba la submuración. Sin embargo, dio el OK para continuar…

Hoy, a Norma Farelo le toca atravesar la situación más difícil que le puede tocar a una persona: la pérdida de un hijo. Pero ese sufrimiento se agrava al no conseguir justicia. Pues, más allá de malas decisiones y la vista gorda que hicieron funcionarios públicos, ingenieros, arquitectos y una larga lista de etcéteras, actualmente, esa mamá se encuentra con un cerco legal y mediático, que le impide tanto difundir lo que pasó como lograr que el caso llegue a juicio.

«Todavía no se llama a juicio. Nosotros creemos que detrás de todo esto hay un poder político, aunque no queramos politizar la causa, ya que el fideicomiso es de Caputo S. A.; y todos sabemos la relación con Macri y Larreta», explica Norma tras dos años y medio de la tragedia.

Farelo se refiere a la empresa constructora Lybster, cuyos dueños son Flavio y Hugo Caputo, hermanos de Luis Caputo, el exministro de Finanzas e integrante del clan, que también integra el primo de ambos, Nicolás Caputo, y mejor amigo del expresidente de la Nación, Mauricio Macri.

Los imputados son, por la constructora Lybster, el ingeniero Ricardo Nicolson, los arquitectos Eduardo Aguaviva y Valeria Martini, la titular de Seguridad e Higiene Sabrina Lorena Blans, el arquitecto técnico Ramiro Ramos y Norma Eugenia Mendes Simoes, presidente de la empresa y quien se postuló como diputada en provincia de Bs. As. en la lista de Gómez Centurión. Ahora bien, por Demoliciones Mitre, el arquitecto Osvaldo Becerra. En tanto, por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería responsable el inspector Guido Tirendi.

A pesar de las denuncias previas, las observaciones y los testimonios de empleados, la causa está caratulada como estrago culposo. 

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