Luego de dos años de pandemia por el covid-19, el ciclo lectivo argentino retoma poco a poco el modelo de la presencialidad. Sin embargo, no todos los alumnos volvieron a las aulas, ya que la deserción escolar se agravó durante el último tiempo, teniendo en cuenta la falta de acceso a la conectividad y a políticas de sostenimiento de las trayectorias escolares.
Si bien no hay cifras oficiales, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló, mediante un comunicado, que «al menos 500.000 estudiantes no empezaron las clases en la educación obligatoria; lo que equivaldría a una niña o niño menos por aula y podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario».
De este modo, ACIJ realizó pedidos de acceso a la información pública ante el Gobierno de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Salta para conocer la cantidad de estudiantes desvinculados o en riesgo de hacerlo; además de las medidas impulsadas para garantizar su reinserción.
No obstante, la abogada del programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, Bárbara Zanino, aseveró que ninguna de las jurisdicciones brindó datos concretos sobre la tasa de abandono escolar entre 2020 y 2021. Y tampoco explicaron la implementación de las políticas tratadas en el Consejo Federal de Educación ni cómo se utilizaron los fondos nacionales para abordar la problemática.
«Entendemos que por algún motivo no quieren hacer visible la información», manifestó Zanino; quien remarcó el derecho a conocer esos datos. Por este motivo, realizaron acciones judiciales contra estas cuatro jurisdicciones. También presentarán, junto a diversas organizaciones de Infancia en Deuda, una serie de notas a las autoridades educativas nacionales y provinciales exigiendo respuestas por esta problemática.
La especialista marcó que el pedido exige la adopción de medidas para buscar a cada chico que hoy no está en la escuela, debido a desigualdades estructurales que vienen hace años y que se profundizaron con la pandemia. «El Estado es responsable de garantizar el acceso a la educación y a la permanencia en el sistema», consideró.
Hasta obtener una respuesta, adelantó, en diálogo con FRECUENCIA ZERO, que continuarán monitoreando el tema con acciones legales y administrativas; así como reclamando la información y las políticas públicas necesarias para que todos los jóvenes estén en una institución educativa.
