La mañana de este martes el Área Metropolitana de Buenos Aires amaneció cubierta de humo producto de los incendios forestales que se están viviendo en las islas del Delta del río Paraná. A su vez, el humo también afecta las zonas de Santa Fe y Entre Ríos.
Matías De Bueno, abogado especialista en derecho ambiental y director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, destacó en diálogo con FRECUENCIA ZERO que el sistema está orientado en apagar los incendios una vez que ya se desataron y se necesita que el incendio no se produzca, por lo que debe prevenirse.
Los incendios dejaron de ser estacionales hace por lo menos tres años, según explicó Matías De Bueno. En 2008, se conformó el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas), que fue interjurisdiccional entre Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, cuyo objetivo era gestionar los humedales, por lo tanto tenían que plantear un aprovechamiento económico del espacio, pero con «sostenibilidad».
«Anteriormente la Provincia de Entre Ríos podía otorgar permisos para quema controlada de pastizales, para generar el rebrote y llevar el ganado. Hoy todos los incendios por orden de la justicia federal son ilegales», apuntó De Bueno.
Actualmente todos los incendios, por orden de la Justicia Federal, son ilegales y la justicia ordenó a las tres provincias y al ministerio de ambiente a diseñar políticas públicas que prevengan los incendios. Los brigadistas se ocupan de atacar los focos ígneos, pero «falta una fuerza de seguridad que prevenga los incendios».
«Estamos ante unos delincuentes que están incendiando estos lugares. Es una destrucción del humedal y de nuestra mayor fábrica de oxígeno», denunció De Bueno.
El Ministerio de Ambiente debía desarrollar «faros de conservación». Es decir, destacamentos donde pueda alojarse personal con vehículos, drones y distintas tecnologías para prevenir los incendios. Ahora bien, hoy solo hay cámaras que «detectan el fuego cuando se está desarrollando».
Hay que cambiar los mecanismos para desarrollar otros tipos de producción, que existen, pero son más caros para el productor; sin embargo, «a la larga son mucho más económicos para el conjunto de la sociedad porque este pasivo ambiental lo pagamos nosotros».
