El 57,4% es el nivel más alto de la serie iniciada en 2004, cuando fue del 54%. Proyectado a todo el país habría casi 27 millones de personas pobres, de los cuales 7 millones serían indigentes.
En este contexto el Ministerio de Capital Humano interrumpio la provisión de alimentos a los comedores y merenderos, lo cual resulta una gravísima violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, al negarles el acceso a alimentos, poner en riesgo su salud y su desarrollo y arrasar con un presupuesto básico para una vida digna.
Francisco Rodriguez Abinal, abogado y coordinador del Programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ (Asoc Civil por la Igualdad y la Justicia) señaló en FRECUENCIA ZERO que el Estado prioriza la transparencia frente a la alimentación de las infancias pudiendo investigar sin cortar la provisión de alimentos.
