El presidente Javier Milei presentó recientemente el Proyecto de Presupuesto 2026, que pretende ser el primero en sancionarse durante la gestión libertaria, tras dos años de prórrogas consecutivas. Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el plan financiero del Ejecutivo prevé un leve aumento del gasto total, del 6% en términos reales respecto de 2025, pero consolida una reducción acumulada del 25% desde 2023. Las áreas más afectadas por el ajuste son las vinculadas a los derechos sociales, que explican el 43% de los recortes totales.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Alejandro Gaggero, coordinador del Programa Justicia Fiscal de ACIJ, advirtió que “este presupuesto da continuidad al ajuste iniciado en 2024, con pérdidas muy fuertes en gasto social”. Según explicó, el documento oficial proyecta incrementos en algunas partidas, como jubilaciones o universidades, pero “sin recuperar lo perdido en los últimos años”. En educación y cultura, por ejemplo, se prevé una suba del 7,5% frente a 2025, pero la caída acumulada desde 2023 es del 45%, lo que refleja, según Gaggero, “el malestar que atraviesa el ámbito universitario”.
El investigador remarcó además que el recorte es aún más pronunciado en infraestructura y servicios básicos. “En agua potable y alcantarillado la reducción supera el 85% en comparación con 2023, y en vivienda y urbanismo el ajuste es casi total”, señaló. Este último caso se explica por la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras en barrios populares, y por la paralización de programas nacionales de construcción de viviendas. “Se cortó el fondo y también las partidas del Estado nacional, lo que implica un doble golpe”, afirmó.
Para Gaggero, el proyecto 2026 no solo consolida la contracción del gasto social, sino que “marca un retroceso en la garantía de derechos básicos”. Pese a los leves aumentos en algunos rubros, la tendencia general, subraya, es de profundización del ajuste en salud, educación, pensiones e infraestructura, con consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables. “Se dejó de gastar uno de cada cuatro pesos respecto de 2023, y casi la mitad de ese recorte proviene de políticas sociales”, resumió.
