Advierten que la privatización nuclear pondría en riesgo la soberanía energética

El Gobierno nacional anunció que avanzará en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse) y que aporta alrededor del 7% de la energía eléctrica. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, el proceso incluirá la venta del 44% de las acciones a través de una licitación nacional e internacional, mientras que el 51% permanecerá bajo control estatal. La medida busca atraer inversión privada para financiar proyectos estratégicos, como la construcción de nuevos reactores y la extensión de vida de las centrales existentes.
En diálogo con FRECUENCIA ZERO, Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuestionó la decisión oficial al considerar que la privatización es “absolutamente innecesaria” y contraria a los intereses nacionales. “Nucleoeléctrica es una empresa superavitaria que le permite al Estado sostener tarifas razonables y reinvertir en el sector. En manos privadas, el objetivo será la ganancia y eso derivará en aumentos de tarifas y posibles riesgos sobre la operación segura de las plantas”, advirtió.
Kreiner también expresó dudas sobre los argumentos oficiales que vinculan el proceso a un eventual financiamiento chino. “Suena muy extraño porque la Argentina está alineada geopolíticamente con Estados Unidos, que ya manifestó en varias oportunidades su rechazo a la presencia china en el sector nuclear latinoamericano”, señaló. En ese sentido, denunció además la fuga de recursos humanos especializados hacia empresas extranjeras que ofrecen salarios en dólares, mientras que los trabajadores del sector nuclear local vieron caer en un 40% su poder adquisitivo.
Finalmente, el dirigente gremial remarcó que la tecnología que Argentina domina (uranio natural y agua pesada) garantiza independencia energética, a diferencia de los proyectos basados en uranio enriquecido, donde el país no tiene capacidad industrial. “Estamos frente a un anuncio que puede desarmar la capacidad nuclear argentina, que hasta ahora nos ha permitido autosustentarnos y dar trabajo a la industria nacional”, concluyó Kreiner, quien anticipó que los gremios del sector mantendrán el rechazo a la privatización y buscarán instalar el debate en el Congreso.




