A cuatro años de la tragedia de Iron Mountain, en el barrio porteño de Barracas, el juez de instrucción Pablo Omaechea procesó a 17 personas, entre ellas aparecen 12 ex funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, sin prisión preventiva por “incendio culposo seguido de muerte”.
Se trata del edificio (cuyo fuego produjo la muerte de diez rescatistas) que archivaba documentación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de las empresas Galicia Retiro Cía de Seguros SA, DirecTV Argentina, Expeditors Argentina SA, Prudential Seguros SA, Televisión Federal Telefé, Galicia Seguros SA, Cargill S.A.C.I., entre otras.
Vanesa Berkowski, Rafael Roldan, Pedro Luis Chapar, Roberto Chiesa, Gastón Laugle, Esther Moroni, Luis Cogo; Felix Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papanicolau, Ricardo Edmundo Grunfeld y Alberto Daniel Graciani son los ex miembros del gobierno de Mauricio Macri (por aquel entonces Jefe de Gobierno) procesados y embargados por una suma que va desde los 7 hasta los 17 millones de pesos. El fallo también fue dictado contra responsables de la empresa de seguridad del lugar, y directivos de Iron Mountain.
El ex legislador y actual Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad, Gabriel Fuks, destacó la decisión judicial, pese a la lentitud, porque reiteró la ausencia del Estado para que ocurra el hecho. Inspecciones que marcaban el cierre del depósito, aspersores que no funcionaban, fueron algunos de los puntos que denotaron la omisión de controles.
De todos modos, consideró que falta el señalamiento de José Luis Gómez Centurión, quien era el jefe de la Agencia Gubernamental de Control en ese momento. «Hay que velar porque se profundice la causa y que no entre en un cono de sobra. Hubo cuatro años de desaceleración», planteó.
