MACRI QUIERE PARQUÍMETROS, PERO LOS VECINOS; NO

MACRI Y SU CONTROVERTIDO PROYECTO PARA PONER PARQUIMETROS EN 10 MIL CUADRAS

¿CEPO-ndrán los malditos parquímetros o no?

El gobierno va por la vuelta de un sistema (el cepo), desterrado en 2001 por los múltiples perjuicios en contra de los vecinos y un sistema recaudatorio que no tiene ningún fin potable.

El proyecto tiene unos meses, pero comienza a sonar más fuerte la decisión para aplicar nuevo estacionamiento medido al ya existente en la ciudad, extendiéndolo a barrios «periféricos» -como Lugano y Riachuelo-, toda vez que el Gobierno sigue avanzando sobre los cada vez más escasos espacios «no rentables» de Buenos Aires.

La oposición levanta la voz y sostiene que la medida «solo tiene fines recaudatorios y no resuelve los problemas del tránsito”; esconde “detrás un gran negocio”; revela “la voluntad recaudadora del Ejecutivo” porteño; mientras que la reimplementación del cepo, prevista en la misma iniciativa, “no es disuasoria y genera más violencia urbana”. Así opinan dirigentes y legisladores de la oposición sobre la iniciativa que mandó Mauricio Macri a la Legislatura.

La «idea» de la Subsecretaría de Tránsito porteña, va a recaudar de lo lindo ampliando el estacionamiento medido en barrios como Núñez, Colegiales, Villa Urquiza, Parque Chas, Villa Devoto, Mataderos, Parque Avellaneda, La Boca, Constitución, Puerto Madero, San Cristóbal, Nueva Pompeya, Villa Lugano y Villa Riachuelo, entre otros. A los que ya lo tienen como el centro, Balvanera, Almagro, Villa Crespo, Caballito, Flores, Palermo y Belgrano, lo que harán es aumentarles la tarifa.

Con este sistema implementado a su máxima potencia, los vecinos se librarían de estos corsos con patente real que son las empresas SEC y STO, que explotan el estacionamiento y el acarreo de autos infractores desde 1991. Los contratos de ambas empresas vencieron en 2001, -hace 12 años-, pero siguen vigentes con sucesivas prórrogas, aunque en ese año, el gobierno eliminó el sistema del cepo.

Legisladores como Daniel Filmus, opinaron acerca del proyecto diciendo que “no va a favorecer el ordenamiento del tránsito ni optimizar el uso de los espacios disponibles. Es sólo un intento más para privatizar el control y favorecer la recaudación, perjudicando a los vecinos, especialmente a los que tienen menos recursos”.

Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, calculó que “de 8000 lugares para estacionar donde uno tiene que pagar actualmente, van a pasar a ser 160.000”. “En este proyecto están alcanzadas por los parquímetros unas 10.000 cuadras, un poco menos del 50 por ciento de la Ciudad”, comentó. Y consideró que “el estacionamiento medido está pensado para disuadir, para que en áreas comerciales los autos no estén estacionados durante mucho tiempo, pero no es el caso de barrios residenciales como Núñez o Lugano”. “Con este proyecto el PRO está invirtiendo la regla del uso del espacio público libre y gratuito. Ahora, el espacio público para estacionar va a ser tarifado: hay lugares libres para estacionar y el jefe de Gobierno se los quiere cobrar”, afirmó.

María José Lubertino, legisladora por el Frente para la Victoria, cuestionó la reimplementación del cepo como castigo para los infractores de tránsito porque “no son disuasorios y generan más violencia urbana”. La diputada consideró que “detrás de esto hay un gran negocio: la voluntad recaudadora del Ejecutivo y de prorrogar el contrato a las mismas empresas que hoy prestan el servicio de grúas y que vienen embolsando grandes cantidades de dinero”. Respecto del cepo, opinó que “no sirve porque no es disuasorio, genera más violencia urbana y su finalidad es sólo recaudatoria y beneficia sólo a las empresas del servicio de grúas: si una persona estaciona donde no debe o se le agotó el crédito, lo que corresponde es una multa o el acarreo, como cualquier infracción”. “De ninguna manera creemos que se puede avanzar con este proyecto sin escuchar primero a los vecinos y comerciantes de cada barrio a través de audiencias comunales, porque si no esto se convierte en un caso de prepotencia y autoritarismo, donde alguien decide sentado en un escritorio sin conocer la opinión de la gente”, agregó Lubertino.

Por último, el titular de la ONG No al Parquímetro, Juan Chavarri, consideró que existe “un gran negociado” en torno de la concesión del servicio de grúa en la Ciudad. “Sigue existiendo un gran negociado y se está beneficiando a las empresas en contra del vecino y de cualquier tipo de transparencia”, advirtió.

LUGANO Y RIACHUELO

Los vecinos, comprendidos entre particulares, comerciantes, empleados, profesionales, etc., etc., ya han mostrado su soberano disgusto con la medida y comienzan a encolumnarse detrás de la Cámara de Comercio, presidida por Arturo Stabile, quién es por demas tajante en su consigna, -que es la de muchos vecinos-, al respecto de la «idea» del gobierno: «Lugano no necesita parquímetros, ni medidas recaudatorias; necesita obra pública»

La entidad presidida por el empresario local, ha emitido un boletín al respecto que reproducimos: