Se presentará hoy en la Justicia el reclamo para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Abastecimiento, luego de que ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo considerara como «vergonzoso», y acusara de «mafiosos» y «responsables directos de generar inflación», a sus miembros.
El documento judicial ya fue firmado por los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere; de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss; de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, y el vicepresidente de esa entidad Daniel Funes de Rioja; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), Jorge Brito; y el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Eduardo Eurnekian.
Todavía faltaría la firma del secretario de la CAC, Alberto Dragoto.
Luego de dos meses y medio de demora por evaluar la mejor estrategia legal, el nucleamiento empresario representado por el estudio de abogados de Juan Carlos Cassagne decidió avanzar unido en la presentación judicial contra la Ley de Abastecimiento, a la que en reiteradas oportunidades calificó de «sumamente intervencionista» porque delega facultades en el Poder Ejecutivo para poder decir en ciertos casos a las empresas qué producir, cuánto vender, a qué precio y en qué regiones del país hacerlo.
Capitanich en su habitual conferencia de prensa matinal juzgó a la decisión empresarial como «una actitud vergonzosa», y acusó a los miembros del G6 de «conducta mafiosa, distorsiva del verdadero capitalismo».
«Defienden una renta extraordinaria que pretenden hacerla frente al eslabón más débil de la cadena. Que lo hagan en términos de presentación judicial, es lisa y llanamente aceptar que son culpables del proceso de formación de precios, que son responsables directos de la inflación», fustigó.
El ministro coordinador defendió la norma al alegar que «regula las relaciones de producción y de consumo», busca «proteger el eslabón más débil de la cadena» y a la vez «verificar los procesos de concentración económica, que es un factor que genera precios distorsivos, lo que tiene un impacto inflacionario».
El funcionario dijo que los miembros del G-6 «no pretenden ningún marco regulatorio, porque son los formadores de precios y son los que destruyen a la pequeña y mediana empresa en la Argentina».
