Se trata de Nicolás Caputo. Las contrataciones se realizaron con el aval del ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi. Caputo obtiene todas las obras con decretos del Ejecutivo.
por Juan Alonso
La trama está protagonizada por un alcalde frívolo, sus subordinados banales -adictos a la plata fácil- y una cadencia de actos que reflejan la mecánica oscura de una administración extendida como una mancha contagiosa. Lo que sigue es causalidad.
El método del macrismo para ayudar a sus favorecedores es siempre igual: llaman a compulsar precios para diversas obras de infraestructura en edificios públicos, se presenta el contratista preferido del alcalde –en este caso Nicolás Caputo- y luego de un simulacro de competencia (casi siempre con las mismas dos constructoras que ofertan por encima de lo esperable), el gobierno otorga a Caputo, ex compañero de estudios de Mauricio Macri en el colegio Cardenal Newman, y el hombre al que le prestó 18,5 millones de pesos, según admitió en su declaración jurada.
Sólo en diez meses, entre agosto de 2013 y junio de 2014, le otorgaron a Caputo una serie de concesiones por obras que superan los 5 millones de pesos en el Centro Cultural General San Martín, que depende del ministro de Cultura de la Ciudad, Hernán Lombardi. La fórmula que usó la directora, Gabriela Bárbara Ricardes, que llegó de la mano de Lombardi, se centra en el decreto 556, que faculta al Ejecutivo de la Ciudad a disponer de partidas de dinero por fuera del presupuesto. Además, Ricardes parece propensa al turismo cultural y para ello habría usado «las cajas especiales», que según los datos de la Auditoría carecen de rigor administrativo y arrastran faltantes que nunca se rindieron. Esos montos, en algunos casos, superan el millón de pesos.
En tres años, Ricardes viajó 20 veces a Canadá y Europa. Algunos de esos viajes fueron realizados también por otros funcionarios de su área y el propio Lombardi. Tal es la simbiosis entre Lombardi y Ricardes que aparecieron juntos en el casamiento de Darío Lopérfido, ex funcionario del gobierno de La Alianza y actual director del Teatro Colón. Lopérfido pasó a la historia por integrar el «Grupo Sushi», cuando el país estalló y Fernando de la Rúa huyó en helicóptero por los techos de la Casa Rosada. En ese momento, había muertos acribillados por la Policía Federal en la Plaza de Mayo y en el Obelisco.
Al ser consultados por Tiempo, los trabajadores del Centro Cultural General San Martín se negaron a hablar para esta nota «por miedo a las represalias». Y es que Ricardes no duda en desterrar a los empleados a la hora de tallar su mal genio. El notable descontrol administrativo en el Centro Cultural motivó la preocupación de algunos legisladores, entre ellos, algunos del bloque del FPV, que analizaban presentar un pedido de informes para que el Ejecutivo de la Ciudad explique en qué gasta semejante volumen de dinero.
MODUS OPERANDI
1. El 18 de febrero de 2014, Ricardes autorizó la firma de un contrato por medio del decreto 556 para que la Ciudad emplee a la empresa Caputo Construcciones y Servicios por el mantenimiento del edificio de la Usina del Arte en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013. Por ese trabajo le pagaron a Caputo 1.630.199,70 pesos. ¿Quiénes eran los competidores? La empresa Eliarco SRL y la Constructora AT Y CIA. Ambas compañías presupuestan por más dinero que Caputo. Por eso pierden los contratos de forma sostenida.
2. El 11 de marzo de 2014, otra vez por el decreto 556, se contrató a Caputo para «el mantenimiento y reparación del edificio» de la Usina del Arte en los meses de enero y febrero de ese mismo año. Con el aval del Ministerio de Cultura a cargo de Lombardi se le pagó 723.847, 46 pesos al amigo de Macri.
3. El 20 de mayo de 2014, contrataron a una empresa de seguridad a nombre de un tal Fabián Carrizo, cuya firma Staff se quedó con la custodia del control de acceso y recepción al público del Polo Circo, que depende del Centro Cultural en el mes de junio por un valor de 60 mil pesos. El competidor de Carrizo fue Juan Carlos Amado, que con una hoja papel oficio presupuestó 66 mil pesos sin dar ningún detalle. El pago a Carrizo se efectuó con el decreto especial 556. Se le había pagado lo mismo desde febrero, salvo una partida de 120 mil pesos que se le abonó a Carrizo por el control y acceso del Polo Circo, efectivizada en mayo.
4. El 10 de junio de 2014, el ministro Lombardi y su funcionaria Ricardes le pagaron a Caputo otros 723.847.46 pesos por haber mantenido el edificio de la Usina del Arte entre los meses de marzo y abril de 2014. El 26 de agosto, 284.322, 88 pesos por el mismo servicio y con idéntica modalidad, el decreto 556. Poco después salió otro pago por 646.249, 21 pesos.
NÚMEROS ROJOS
En abril de 2014, se conoció el informe de la Auditoría de la Ciudad en el Centro Cultural General San Martín en el período 2013. Entre otras irregularidades, los auditores encontraron estas anomalías en el manejo y control de los fondos públicos. «Evidencia debilidades en el manejo de la información operativa, y en la comunicación entre las áreas de la administración. (…) la imposibilidad de brindar información consistente y certera con respecto al total de las locaciones de servicio, tramitadas en 2012, demuestra la falta de rigor en el manejo de la información administrativa».
En relación al manejo discrecional del decreto 556, que prevé la contratación directa de obras de infraestructura y edilicia, la Auditoría encontró que el Centro Cultural General San Martín, controlado por la directora Ricardes y su superior inmediato, el ministro Lombardi, «incurrió en un apartamiento de los procedimientos previstos en el régimen de compras y contrataciones (Ley Nº 2095 y reglamentarias), mediante la aplicación del decreto 556/2010.
Adicionalmente, se evidencia que el desvío con respecto a la aplicación de los procedimientos rectores resulta significativo, toda vez que la ejecución por la aplicación del decreto de referencia representa un 98, 13% del total de los gastos afectados a la adquisición de bienes y servicios.»
Otros de los aspectos dudosos en ojos de los contadores fue el manejo de «cajas chicas especiales» en manos de Ricardes. «Los fondos correspondientes a las cajas especiales otorgadas a la Dirección General del Centro Cultural General San Martín durante el período 2012 no han sido oportunamente rendidos. Al no resultar aprobados dentro de la ejecución presupuestaria 2012, el valor acumulado de dichos fondos (1,16 millones de pesos) se registra como saldo pendiente hasta que se dé cumplimiento con la rendición de los mismos, lo que constituye, a la vez, una distorsión presupuestaria significativa y un incumplimiento de lo establecido en el decreto Nº 67-GCABA-2010, que reglamenta el régimen de aplicación». En ese sentido, los auditores notaron que «un total de cinco fondos correspondientes a pasajes y viáticos sobre los seis otorgados por la Dirección del Centro Cultural General San Martín durante el ejercicio 2012 (83,33%), no han sido oportunamente rendidos».
Otro capítulo inexplicable es la contratación de personas físicas. «En 19 de 24 casos aplicables (79, 16%) la fecha de suscripción del contrato resulta posterior a la fecha consignada para el inicio de la prestación del servicio.»
Según la Auditoria, Ricardes y Lombardi, «incurrieron en un apartamento expreso del procedimiento de licitación pública para la concesión de espacios privados de dominio público, en lo concerniente a cuatro de los siete convenios de la colaboración suscriptos en 2012». En lo concerniente a la gestión y la recaudación, «la Dirección del Centro Cultural General San Martín, en conjunto con el Ministerio de Cultura, ha eludido expresamente los principios normativos del régimen de cesión de uso de los espacios de la CCGSM, al incluir en la programación del centro cultural una actividad de carácter privado, con el fin de eximir del pago correspondiente a la institución solicitante». ¿Cuál era la institución? Boca Juniors. ¿Y el evento? La elección de la reina del club: Miss Boca.
Ahí no termina la desvergüenza. Lo más llamativo son los gastos por medio del decreto 556. La Auditoría sumó 2.069.239, 62 pesos, distribuidos en 61 operaciones en 2013. Y marcó que se detectaron divergencias «significativas» entre lo informado y los valores ejecutados. Todos los gastos fueron avalados por Lombardi. Para mal de males, muchas de las empresas beneficiadas por el dinero público están inscriptas en rubros que difieren totalmente del objeto por el cual fueron contratadas. «En términos generales, se ha detectado que en el total de casos analizados no se encuentra adecuadamente desarrollada en la letra del contrato las condiciones y características de la prestación del servicio a la cual se obliga el contrato», marcó la Auditoría.
Una escena refleja la impunidad. En junio pasado, el contratista paraguayo Gilberto Martínez González estaba refaccionando el Centro Cultural General San Martín con su equipo de trabajadores en negro. O sea: fuera de la ley. Pero llegó una inspección del Ministerio de Trabajo de la Nación y la troupe de Gilberto corrió escaleras abajo para no ser interpelada. El mismo contratista abandonó la brocha y el martillo y cuentan que se fugó del edificio
El ministro Lombardi y su funcionaria Ricardes le pagaron 350 mil pesos por 15 días de trabajo. La empresa de Gilberto no tributa impuestos en la Ciudad ni en ninguna parte. No existe.
(fuente investigación: Tiempo)
