Julio Raffo y Cornelia Schmidt Liermann presentaron un proyecto (6613-D-2016) para que la Cámara de Diputados declare su preocupación frente a los sucesivos y graves hechos en los cuales ciudadanos -que fueran injusta e ilícitamente agredidos y lesionados en los Derechos que el Estado tiene la ineludible obligación de garantizar- aplicaron “justicia por mano propia”.
En la medida en que el Estado fracasa, o aparece con lamentables limitaciones, en la tutela de los habitantes, se genera una también muy lamentable reacción en algunas de las personas injustamente agredidas: se recurre a una versión agravada de la Ley del Talión. Se hiere o se mata ante el hecho de haber sido robado, amenazado, golpeado, maltratado o, inclusive, temporariamente privado ilegítimamente de su libertad.
“Reinstalar en la sociedad la Ley del Talión, o aún agravada por la desproporción, y considerar que se tiene el derecho de lesionar la vida de otro en razón de haber sido lesionada en el patrimonio propio, constituye una actitud impropia de la convivencia social en el marco de la Constitución y de la Ley”, sostuvo Raffo.
En los fundamentos del proyecto, el diputado retomó las palabras del periodista Héctor Gambini quien recientemente afirmó que: “… no se puede matar a un ladrón para cobrarse una vida por un bien, sea éste un celular, una mochila o una 4×4. No se puede ir a robarle el auto a quien insultó, ni a saquearle la casa a quien pegó, ni a matar a quien robó. La ley no contempla la venganza. Ni siquiera una legítima defensa -cuando está en peligro real la vida de la víctima- lo es…”.
Este proyecto se propone como contribución a que estas reacciones no vuelvan a producirse, y a que las personas defiendan sus derechos con toda intensidad, pero dentro de las previsiones y limitaciones que las leyes establecen.
