En el día de ayer, se aprobó el convenio entre la Ciudad de Buenos Aires, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Transporte de la Nación, para vender los terrenos de Catalinas Norte 2, ubicados entre Retiro y Puerto Madero. Allí se construirá el famoso Paseo del Bajo.
Varios legisladores se opusieron a esta ley, ya que la declaran anticonstitucional. Durante su descargo en la sesión, el diputado Adrián Camps, afirmó que «el decreto firmado por Mauricio Macri no sólo se basa en los de la ex Presidente (Cristina Kirchner) sino, y de forma explícita, en la ley 22.423 suscripta por Videla y Martínez de Hoz: ‘Cualquiera sea su jurisdicción de origen será centralizado por la Administración de Bienes del Estado, organismo que detecta las funciones que la ley 22.423, su modificatoria y complementarias atribuía a la entonces Secretaría de Estado de Hacienda […] con plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional’.
Luego de esto, Camps planteo que «el Presidente de la Nación plantea vender tierras mediante un decreto (1173/16), cuando la Constitución Nacional -artículo 75- es totalmente clara cuando establece que corresponde al Congreso toda disposición sobre bienes nacionales. Este decreto de Mauricio Macri se ampara en otro decreto de la ex Presidente Cristina Fernández (1382/12 DNU), que crea la Agencia de Administración de Bienes del Estado otorgándole la facultad de administrar, concesionar y enajenar bienes públicos, previa autorización, de acuerdo con la legislación vigente. Es decir, la Administración de Bienes del Estado no puede disponer de los bienes sin la autorización del Congreso Nacional; no lo puede hacer el Presidente por decreto. Para salvar este tema, la ex mandataria rescata una ley de la última dictadura militar -la 22.423-, que autorizaba a la entonces Secretaría de Hacienda a disponer de los bienes. En este sentido, Cristina Fernández va a decir que la Administración de Bienes del Estado pasa a tener las mismas facultades que antes tenía dicha secretaría (Decreto 2670/15)».
Por otra parte, otro que se mostró en contra es el diputado por Bien Común, Gustavo Vera, quién advirtió que «los costos de obras son 180 millones de dólares y sirven para seguir endeudando sin necesidad a la Ciudad, y sólo para subordinarse al mercado inmobiliario sin importar que violan la división de poderes».
