Luego de las denuncias recibidas, dónde se denunciaba al Estado porteño por incumplir de lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución porteña, correspondiente al cupo laboral del 5% reservado para personas con discapacidad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad interpeló a distintos organismos nacionales y al Poder Ejecutivo de la Ciudad para que cumplan con la ley.
A partir de una iniciativa de los legisladores Adrián Camps y Gabriel Fuks, la Legislatura porteña «solicitó al Poder Ejecutivo un informe referido a la Ley 1.502 que regula la incorporación de personas con discapacidad al sector público porteño, que debe detallar la cantidad total y el porcentaje de empleados con discapacidad en ministerios, comunas, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y en empresas concesionadas por el Estado. A su vez, requiere que se le informe la cantidad de personas registradas en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad», informaron desde la Defensoría.
Por su parte, el organismo que defiende los derechos de los porteños emitió dos resoluciones en los años 2010 y 2016, en las «recomendó arbitrar los mecanismos necesarios para dar estricto cumplimiento al cupo laboral dispuesto en el Art.1º de la ley 1.502». También se solicitó sobre la cantidad porcentual de cumplimiento de la mencionada norma y al porcentaje de agentes con discapacidad que revisten en la actualidad en la Administración Pública local.
