Luego de que la Justicia obligue al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (dirigido por Soledad Acuña) a brindar datos sobre la Secundaria del Futuro, los asesores tutelares analizaron el reporte del caso y evaluaron que la información suministradas “no era veraz, completa, adecuada, y dada en tiempo oportuno», al momento de las tomas de las escuelas.
Sin embargo, no cuestionaron una “reforma pedagógica”, pero “si la vulnerabilización de derechos de derechos”, expresó Gustavo Moreno, asesor tutelar, sobre la participación de la comunidad educativa en este debate.
“Lo que está haciendo el Gobierno de la Ciudad, en cuanto a brindar la información, es poco real y hasta falaz en algunos casos”, manifestó el abogado, quien presentó el documento con la asesora tutelar de primera instancia Mabel López Oliva ante la jueza Cecilia Molica Lourido.
Al mismo tiempo, señalaron contradicciones respecto al sistema de evaluación y a la definición de la obligatoriedad de las prácticas educativas, las cuales son voluntarias por la Ley 3.541 y debería proponerse otro proyecto para cambiar este punto.
En sintonía con estas objeciones, pidieron que se complete el listado de las diez escuelas privadas donde implementarán los cambios, relevar la infraestructura de los 19 establecimientos públicos en los que también se llevará a cabo la medida y el presupuesto que se destinará.
“La decisión final es siempre es del órgano político, pero en una democracia participativa se tiene que participar. Y para que se genere el espíritu republicano, (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta), tiene que dar a conocer sus actos de Gobierno y tiene que decir mi reforma educativa es esta y no lo está haciendo, por eso hay un amparo judicial”, resumió Moreno.
