Pese a que el fenómeno UBER sigue creciendo no solo en la Capital Federal sino que en todo el país, ayer la Legislatura porteña decidió ponerle un freno a la empresa tecnológica de transporte urbano. Con 37 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, se logró la modificación de diversos artículos del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, el Régimen de Faltas y el Código de Habilitaciones y Verificaciones, cuyo principal resolución tiene que ver con la imposición de multas para los choferes que transporten usuarios sin contar con la habilitación correspondiente.
La medida significó un triunfo para el sector de taxistas que venía presionando por sanciones a los uberistas, «cazados» bajo modalidades violentas, y que llegaron a significar más de 750 ataques. En las adyacencias del palacio se dejaban ver cientos de manifestantes con chalecos negros y amarillos, que pugnaban por la sanción.
La nueva normativa, impulsada por la legisladora de Vamos Juntos Cristina García, preveé que los choferes que no tengan la habilitación solicitada deberán abonar una multa de 10 mil unidades fijas (lo que puede llegar a significar montos de hasta 200 mil pesos), se les restará 10 puntos del puntaje y se les retendrá la licencia de conducir por un período de entre 7 y 30 días sin necesidad de una medida judicial. Según estimaciones de la compañía, la aplicación continúa con su incremento de manera exponencial pese a los reveses judiciales que viene sufriendo: en el país ya cuenta con más de 350 mil socios conductores y alrededor de 32 mil generaron ingresos a través de la aplicación; para el 40 por ciento de sus choferes, implica la única fuente de ingreso, por lo que vale preguntar, ¿es su prohibición la única forma de regular la actividad?.
Por otro lado, los nuevos artículos también regularán otros aspectos que tienen que ver con el transporte en la Ciudad: a partir de ahora, a los taxistas que agredan pasajeros se le retirará preventivamente la licencia sin necesidad de una medida judicial; se les retendrá la moto a los usuarios que lleven menores o acompañantes alcoholizados.
