Tras los hechos acontecidos en el penal de Devoto que precipitó otros reclamos similares en otros establecimientos penitenciarios y la consiguiente negociación con agentes del poder judicial, fue otorgada la prisión domiciliaria a más de 1700 presos.
Un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a más de 1000 presos y otro grupo importante de reclusos presentó recursos para contar con tratos similares.
En la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías. Hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días.
Al comienzo de la pandemia el Servicio Penitenciario Bonaerense había mensurado su población vulnerable al coronavirus: 644 detenidos de más de 65 años y casi 2.500 enfermos con diversas patologías. 233 de ellos estaban diagnosticados con tuberculosis. Otros 476 detenidos y detenidas padecían HIV. Mientras que en los listados había 54 madres con chicos y 22 embarazadas.
Esas nóminas fueron confeccionadas inicialmente en el marco del hábeas corpus colectivo que presentaron las 19 defensorías generales de la Nación y fue tomada por el Ministerio de justicia bonaerense, que impulsó la liberación de presos, según reconoció el juez de Casación bonaerense Víctor Violini en una sentencia.
